La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia política de Venezuela y en el tablero internacional. La detención de Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores, confirmada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una operación militar en territorio venezolano, puso fin de manera abrupta a un régimen que durante más de una década resistió sanciones, aislamiento diplomático y una profunda crisis interna.
La imagen difundida durante la conferencia de prensa desde Washington — Maduro bajo custodia— no solo tiene un valor simbólico, ya que confirma que Estados Unidos decidió abandonar el terreno de la presión indirecta para actuar de forma directa con una acción militar. El mensaje es claro y, al mismo tiempo, inquietante. Se cierra un ciclo político en Venezuela y se abre un debate mayor sobre los límites del poder, la soberanía y el uso de la fuerza en el sistema internacional.
Para una parte importante del pueblo venezolano, lo ocurrido representa el fin de una larga etapa de autoritarismo, deterioro institucional y empobrecimiento generalizado. Durante más de una década, el país vivió elecciones cuestionadas, persecución a los líderes de la oposición, colapso económico y un éxodo de millones de personas. En ese contexto, la caída del régimen puede interpretarse como una liberación. Sin embargo, la experiencia histórica obliga a actuar con cautela, porque la salida de un gobernante no garantiza, por sí sola, la reconstrucción de un Estado.
Las reacciones internacionales reflejan la complejidad del momento. Un ejemplo claro son Rusia, Irán y Cuba, quienes condenaron inmediatamente la operación; António Guterres, secretario general de la ONU expresó su preocupación por la escalada militar y llamó al respeto del derecho internacional. En América Latina, las posturas han sido ambivalentes, por un lado, el rechazo al autoritarismo de Maduro y por otro, muestras de inquietud frente al precedente que implica una intervención armada unilateral.
Aquí se encuentra el verdadero debate. ¿Estamos ante el colapso de una dictadura o frente a la normalización de la fuerza como herramienta de corrección política?, ¿Se abre una ruta hacia la democracia o se inaugura una etapa de inestabilidad prolongada? Más allá de las narrativas inmediatas, el hecho es que las reglas del juego internacional han sido tensionadas.
LA VOZ DE LA TRANSICIÓN
En medio de este escenario, es importante escuchar a los actores políticos venezolanos. Uno de ellos es María Corina Machado, principal figura opositora, premio Nobel de la Paz y referente de la lucha democrática, quien difundió un mensaje dirigido al pueblo venezolano tras la detención de Maduro. En él, llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante, organizada y movilizada, subrayando que este momento no pertenece a actores externos, sino a quienes arriesgaron todo por la democracia.
Machado fue clara al señalar que la transición debe concretarse mediante el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, apelando a la responsabilidad de los mandos militares para evitar una espiral de violencia. Su mensaje introduce un elemento por demás interesante, que sin conducción política interna y sin respaldo ciudadano, cualquier cambio corre el riesgo de diluirse o imponerse sin legitimidad.
LO QUE VIENE
El primer desafío para Venezuela es de índole político. La ausencia de Maduro y la pérdida de legitimidad de su estructura de poder generan un vacío que deberá resolverse con rapidez. El reconocimiento de González Urrutia aparece como una salida institucional posible, siempre que logre respaldo interno y acompañamiento internacional efectivo.
El segundo reto es la seguridad. Las declaraciones del alto mando militar y de figuras centrales del chavismo confirman que existen sectores dispuestos a resistir. Evitar una confrontación interna dependerá, en buena medida, de la capacidad para desactivar lealtades armadas y garantizar un proceso de transición ordenado.
El tercer desafío es estructural. Reconstruir Venezuela será una tarea de largo plazo, porque reactivar la economía, desmontar el aparato represivo, restablecer servicios básicos y recuperar la confianza social tomará años y es que el fin del régimen de maduro no equivale al inicio automático de la normalidad democrática.
MÉXICO Y LA COHERENCIA DIPLOMÁTICA
La postura de México, expresada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es consistente con su tradición histórica de rechazo al uso unilateral de la fuerza, defensa del principio de no intervención y el llamado a una solución pacífica y negociada. México no legitima dictaduras, pero tampoco avala intervenciones militares como mecanismo de resolución política.
Esta posición refleja una tensión real del orden internacional actual sobre cómo defender la democracia y los derechos humanos sin erosionar los principios que sostienen la convivencia entre los países. En ese terreno complejo, México optó por el multilateralismo y la legalidad internacional y eso hay que reconocerlo.
MÁS ALLÁ DE CARACAS
La detención de Maduro desde luego que no es un hecho aislado. Su impacto se extiende a países como Nicaragua y Cuba, y envía una señal clara al resto del mundo, de que entramos en una etapa donde el equilibrio entre derecho internacional y poder geopolítico es cada vez más frágil.
En este sentido, la caída de Nicolás Maduro no cierra una historia, sino que abre otra cargada de incertidumbre. La pregunta que debemos hacernos ya no solo es qué ocurrió la madrugada del sábado, sino si Venezuela podrá convertir este punto de quiebre en una transición democrática legítima y propia, más allá de la fuerza y más allá del discurso.