En los últimos días, más de 150 elementos de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para revisión de expedientes y declaraciones, con varios casos que fueron vinculados a proceso
MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/Carlos Serrano
Durante 2025, Chiapas empezó a transitar un camino que por mucho tiempo pareció inalcanzable, el de reconstruir la confianza ciudadana en sus corporaciones policiales. No fue un giro automático ni un cambio superficial, sino el resultado de decisiones que rompieron con la inercia de la tolerancia institucional, marcada por agravios acumulados.
Los operativos realizados en distintas regiones incluida la Frailesca, donde hechos recientes derivaron en la detención de policías municipales representaron más que acciones de contención. Rompieron una narrativa histórica en la que el uniforme parecía intocable. Para la ciudadanía, estas acciones son una señal de que sí hay consecuencias y hay voluntad de corregir. Esa percepción, todavía frágil, ha sido el primer peldaño para recuperar la confianza pública.
Los resultados alcanzados ayudan a dimensionar el momento. A lo largo de 2025 se registraron detenciones de policías municipales en diversos puntos del estado, particularmente en municipios de las regiones Frailesca, Sierra Mariscal y de la Costa. En los últimos días, más de 150 elementos de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para revisión de expedientes y declaraciones, con varios casos que fueron vinculados a proceso. Son datos que reflejan una estrategia de depuración activa, que hasta antes de la presente administración, simplemente no ocurría.
No obstante, el desafío de fondo va más allá del operativo. La seguridad no puede sostenerse de manera permanente desde la reacción, desde la intervención posterior al hecho violento. El reto para 2026 es avanzar hacia la institucionalidad, construir un modelo preventivo que funcione de manera cotidiana y no solo cuando ocurren sucesos de manera abrupta.
En ese tránsito adquiere relevancia un tema que aún está en los pendientes y que tiene que ver con los mecanismos de evaluación y de control de confianza. En Chiapas, como en el resto del país, estos instrumentos comenzaron a aplicarse con mayor formalidad hace más de una década. Hoy, los contextos sociales, tecnológicos y delictivos han cambiado. Por ello, más que señalar responsabilidades, resulta indispensable reconocer que los modelos de evaluación deben modernizarse y fortalecerse para que incidan realmente en la carrera policial y en la confianza ciudadana.
Un capítulo particular lo representan los municipios indígenas regidos por usos y costumbres, como Oxchuc, en donde la renovación anual de autoridades implica también la rotación constante de policías municipales. Este fenómeno genera un círculo vicioso que va desde evaluaciones incompletas, dificultades para certificar a los elementos y, como consecuencia, limitaciones para acceder a recursos, equipamiento, ampliación de plantilla o mejoras salariales a los elementos. No se trata de cuestionar los sistemas de gobierno comunitario, sino de armonizarlos con mínimos institucionales de seguridad pública.
Romper ese ciclo exige corresponsabilidad. Por un lado, los ayuntamientos, especialmente en zonas indígenas, deben asumir que la seguridad no puede reiniciarse cada año y que la prevención de conductas delictivas y de las violencias, en particular la violencia contra las mujeres, requiere continuidad, capacitación y trabajo comunitario permanente. Por otro, el Estado debe seguir acompañando estos procesos con esquemas flexibles que respeten la organización comunitaria, pero aseguren estándares básicos de profesionalización policial.
Cobra relevancia la palabra cumplida del gobernador Eduardo Ramírez en materia de mejora salarial y equipamiento para las corporaciones de seguridad estatales. La dignificación policial no es un privilegio y debe entenderse como una condición indispensable para exigir legalidad, compromiso y cercanía con la ciudadanía, ya que un policía mejor preparado, mejor pagado y mejor equipado es también un policía con mayores capacidades para prevenir la violencia.
En este sentido, Chiapas llega a 2026 con una oportunidad que no se presentará dos veces, donde la depuración policial es señal necesaria, pero insuficiente si no se traduce en reglas permanentes, prevención 24/7 y continuidad institucional, incluso en los municipios donde los cambios políticos son frecuentes.
Por ello, debe reconocerse que el uniforme dejó de ser intocable y ahora se están dando pasos adelante en la seguridad ciudadana. Pero la confianza no se consolida con un solo gesto, sino con constancia y resultados sostenidos. Esa es la verdadera prueba para Chiapas.