Los municipios de Chiapas han incumplido con la obligación legal de enviar al Congreso del Estado ese requisito indispensable para calcular y recaudar ese gravamen de manera válida, afirmó Manuel de Jesús Cruz Espinosa, propietario del despacho jurídico Cruz Islas Abogados.
El cobro del impuesto predial en diversos municipios del estado presenta graves vicios de legalidad, debido a la falta de actualización y aprobación de las tablas de valores catastrales, documento técnico indispensable para determinar el precio de los inmuebles y, en consecuencia, el monto a pagar por este gravamen, aseguró Manuel de Jesús Cruz Espinosa, propietario del despacho jurídico Cruz Islas Abogados.
En La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director del diario Ultimátum, Cruz Espinosa dijo que de acuerdo con la normatividad vigente, antes del 31 de octubre de cada año, los ayuntamientos están obligados a remitir al Congreso del Estado sus propuestas de tablas de valores para el ejercicio fiscal siguiente.
Estas, añadió, deben ser analizadas y validadas técnicamente por el Poder Legislativo para que, una vez aprobadas, entren en vigor y sirvan de base legal para el cobro del impuesto predial.
Sin embargo, se denunció que desde el año 2018 los municipios han omitido cumplir con esta obligación, lo que deriva en que el cobro actual del predial se realice sin sustento jurídico, vulnerando los derechos de los contribuyentes.
Refirió, asimismo, que aun cuando el municipio de Tapachula intentó enviar sus tablas el año pasado, estas fueron devueltas por inconsistencias técnicas, por lo que tampoco fueron aprobadas.
Ante este escenario, el director del despacho Cruz Islas Abogados promovió un juicio de amparo con el objetivo de evidenciar ante la sociedad que el pago del predial, particularmente en el ejercicio actual, es ilegal, al no existir tablas de valores debidamente autorizadas.
Aclaró, sin embargo, que la finalidad no es afectar las finanzas municipales ni colapsar a los ayuntamientos mediante una ola de amparos, sino corregir una omisión estructural que se ha normalizado durante años y, de esa manera, contribuir a una mejor recaudación que derive en mejores obras y servicios.
Asimismo, planteó la necesidad de impulsar una solución institucional, basada en el trabajo conjunto entre ciudadanía, municipios, Congreso del Estado y el área de Catastro, para que a partir de 2027 el cobro del impuesto predial se realice de manera regular, transparente y conforme a derecho.
Aseguró que, contrario a la percepción de que la regularización implicaría un aumento automático en el pago, se tendrían reglas claras, se generaría certeza jurídica y beneficios colectivos para el desarrollo de todo el estado.
En ese contexto, exhortó a la población a utilizar la ley como un mecanismo legítimo de protesta y defensa, recordando que la promoción de recursos legales es un derecho constitucional, no una afrenta contra la autoridad. “
Si los ciudadanos no ejercen su derecho a defenderse, tampoco pueden exigir que las cosas cambien”, subrayó.
Hizo un llamado a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad administrativa, corregir las omisiones en materia catastral y garantizar que los impuestos se cobren con apego estricto a la legalidad.
Resaltó también que todo el pueblo debe ser correcto en sus pagos y en los trámites para evitar actos de corrupción.
Manuel de Jesús Cruz recordó que en el emblemático barrio Juy Juy de la capital chiapaneca, lugar donde tiene su domicilio, se hizo una obra con muchas deficiencias en la administración de Ángel Torres Culebro y se amparó para que se corrigiera el drenaje y la calle.
Sin embargo, aseguró que “el señor Ángel se molesta que yo promuevo recursos, pero fíjese que no conocía qué es el barrio Juy Juy”.
Como amplio conocedor de la ley, ofertó sus servicios a cualquier ciudadano o ciudadana que requiera ampararse contra actos de cualquier autoridad y dijo que en las redes sociales aparece con el nombre de Cruz Islas Abogados, donde pueden encontrar sus números de teléfono para contactarlo.
Señaló que seguirá dando la batalla de manera legal, pues “no nos podemos quedar de brazos cruzados porque si omitimos la defensa no tenemos derecho a quejarnos y en algún momento las cosas tienen que cambiar”.
Exhortó a la gente a que participe y se defienda, toda vez que la autoridad no se puede ofender o enojar porque es un derecho constitucional que le asiste al pueblo.
Si las autoridades llegarán a incomodarse, “entonces que modifiquen la Constitución y ya no vamos a defendernos. Lo que diga la autoridad eso es lo que vamos a hacer, así ya no tendríamos defensa, ellos tienen todo el poder para cambiar la Constitución y nosotros ya no tendríamos que defendernos, pero mientras esté tenemos que agotar todos los recursos y alzar la voz”, precisó.