Panorama Chiapas por Javier Guízar Ovando / Periodismo académico
El caso del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, y su confrontación abierta con la gobernadora Layda Sansores San Román ha dejado de ser un episodio local para convertirse en una señal de alarma nacional. La detención del rector por una presunta “posesión de drogas”, seguida de su liberación inmediata por falta de pruebas sólidas, exhibe algo más grave que una investigación fallida, revela la tentación autoritaria de usar al aparato del Estado como herramienta de disciplinamiento político.
Más allá de lo que determinen los tribunales, únicos facultados para establecer responsabilidades; el contexto político resulta imposible de soslayar. La defensa del rector sostiene que se trató de un montaje policial derivado de un conflicto previo con el Ejecutivo estatal. Si esta versión se confirma, estaríamos frente a una práctica profundamente regresiva, la criminalización del adversario y la instrumentalización de la justicia para resolver disputas de poder. No sería un hecho aislado, sino parte de una lógica que empieza a repetirse en distintas entidades del país.
Las universidades públicas ocupan un lugar estratégico en la vida democrática de México. Es uno de los pocos espacios que aún conservan márgenes reales de autonomía frente al poder político y económico. Cuando un gobierno estatal presiona, exhibe o intenta someter a sus autoridades, no solo vulnera derechos individuales, debilita la libertad académica, inhibe la crítica y envía un mensaje inequívoco de miedo a la sociedad. Sin pensamiento crítico no hay democracia funcional, solo obediencia administrada.
La reacción de la Ejecutiva federal confirma la gravedad del episodio que no pasó desapercibido en la agenda nacional y en las mañaneras del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con claridad al advertir que “la justicia no puede usarse como vendetta política” y al ordenar la revisión del caso por parte de las secretarías de Seguridad y Gobernación. Esta intervención no es menor, reconoce que existen signos de un ejercicio del poder incompatible con el Estado de derecho y con los principios que el propio movimiento gobernante dice defender.
México atraviesa una etapa de reconfiguración profunda del poder público. La concentración de facultades, la debilidad de los contrapesos y la lealtad política acrítica en los estados generan un terreno fértil para prácticas autoritarias y las violaciones a los derechos humanos, muchas veces justificadas en nombre de la gobernabilidad o la transformación. Pero sin límites claros, el poder deja de ser instrumento de cambio y se convierte en amenaza; ejemplo: el caso de Veracruz y el periodista acusado de terrorismo. ¡Qué desgracia!
Henry Miller lo resumió con crudeza y realidad: “Se puede combatir la maldad, pero ante la estupidez estamos desamparados todos”. Cuando el poder confunde fuerza con razón y legalidad con venganza, el daño es estructural y duradero.
Finalmente, defender la autonomía universitaria, exigir justicia imparcial y frenar los abusos hoy no es una causa sectorial ni ideológica, es una tarea democrática urgente en un México donde el autoritarismo no siempre llega con botas, sino con expedientes, patrullas y silencios cómplices de todos y de todas.
¡Es cuanto, Chiapas!
Nos leemos en la próxima. ¡Salud Vale!
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