El C3 no se presta a situaciones irregulares. “El gobernador ha sido muy claro y no vamos a claudicar en garantizar seguridad y paz para Chiapas”, afirmó el titular de esa institución
TGZ. Con la convicción de que su labor contribuye directamente a la paz y la seguridad de Chiapas, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (C3) mantiene una política firme para garantizar corporaciones policiales aptas y confiables, alineadas a los principios de cero corrupción y cero impunidad establecidos por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó el maestro José Alonso Llaven Villarreal, director general de la institución.
En La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, el funcionario subrayó que el objetivo prioritario del C3 es que el estado cuente con policías debidamente evaluados, certificados y capacitados, bajo un esquema de legalidad estricta.
“Trabajamos con la convicción de que abonamos a la paz de Chiapas y de que debemos entregarle al estado corporaciones confiables”, sostuvo.
Llaven Villarreal explicó que, tras los hechos ocurridos en Cintalapa, donde fueron detenidos supuestos policías que no contaban con registro ni certificación, la dinámica de trabajo cambió de manera sustancial, sobre todo con los ayuntamientos que provienen de reelección.
Indicó que la relación con administraciones anteriores era distinta y estaba marcada por prácticas incorrectas que hoy se busca erradicar.
Uno de los principales vicios detectados, detalló, era la intención de utilizar recursos del ejercicio fiscal 2025 para seguir evaluando personal en 2026, lo cual es incorrecto desde el punto de vista fiscal y presupuestal.
En ese contexto, destacó la firmeza del gobernador Eduardo Ramírez para dejar claro que no habrá tolerancia a la corrupción ni a la impunidad.
Reveló que algunos alcaldes, al inicio, no comprendían esta nueva dinámica, pero poco a poco han ido entendiendo el mensaje y la intención del Ejecutivo estatal de ordenar y transparentar los procesos.
El director del C3 explicó que el Fortamun es una partida presupuestal que llega directamente a los ayuntamientos y son los propios presidentes municipales quienes definen, en su cuadro programático, cómo se ejercerán esos recursos.
Aclaró que la capacidad operativa del C3 es suficiente para solventar la demanda de evaluaciones de todas las instituciones que lo solicitan, siempre y cuando exista una adecuada planeación.
Llaven Villarreal recalcó que, una vez firmado el convenio de colaboración entre el C3 y los ayuntamientos, ya no se puede modificar el número de personas a evaluar.
Aclaró que el C3 no tiene facultades para separar del cargo a quienes no acrediten la evaluación o cometan alguna falta, esa atribución corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, FGE y SPP.
El titular del Centro Estatal de Control de Confianza explicó que la institución evalúa a personal de nuevo ingreso, para permanencia y para promoción, y que la certificación se enfoca en esos tres ejes.
El primer gran trámite es el de control de confianza, que arroja un resultado único conforme a un modelo nacional de evaluación que incluye exámenes médicos, poligrafía, análisis socioeconómico y pruebas psicológicas.
Quienes acreditan esta etapa pueden avanzar al segundo trámite en el que participa la Universidad del Sureste, antes Instituto de Formación Policial y si acreditan se les extiende el Certificado Único Policial (CUT).
Quienes no acreditan esta capacitación no pueden obtener el CUT y, por lo tanto, no pueden ser certificados como policías. “Si falta un paso del proceso, no hay certificación”, puntualizó.
Sobre el caso específico de Cintalapa, Llaven Villarreal explicó que los llamados pseudopolicías fueron detenidos porque no existía registro alguno de ellos, nunca pasaron por control de confianza.
Citó el artículo 12, fracción VIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que obliga a los alcaldes a abstenerse de contratar o nombrar personal policial que no cuente con registro y certificado emitido por el Centro Estatal de Control y Confianza.
Actualmente, informó, el C3 se encuentra firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos para formalizar los procesos de evaluación, estableciendo con claridad cuántas evaluaciones se realizarán conforme a la capacidad instalada.
Ante las críticas que surgieron tras el caso Cintalapa, el director del C3 afirmó que estas se debieron al desconocimiento del marco legal y operativo. “Nosotros no nos vamos a prestar a situaciones irregulares. El gobernador ha sido muy claro y no vamos a claudicar en garantizar seguridad y paz para Chiapas”, aseguró.
Destacó que el propio C3 es evaluado y certificado. En su caso personal, señaló que para asumir el cargo fue sometido a un examen por un centro federal en la Ciudad de México, el cual acreditó. De igual forma, todo el personal, incluidos funcionarios, evaluadores y administrativos, se someten a pruebas periódicas.