A los beneficiarios del programa Chiapas Puede les pagan mil y no 4 mil pesos; denuncias contra César Espinosa exhiben deficiencias administrativas, reveló el periodista Juan Carlos Toledo
TGZ. El desempeño del equipo del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) enfrenta cuestionamientos tras denuncias sobre irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción que han afectado la operación del programa de alfabetización “Chiapas Puede”, una de las apuestas sociales prioritarias del actual gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, señaló el periodista Juan Carlos Toledo Jiménez.
En La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, Toledo manifestó que de acuerdo con testimonios recabados el proyecto estatal mantiene una intención clara y positiva para combatir el rezago educativo, pero sus resultados se han visto comprometidos por fallas en la ejecución institucional.
En particular, señaló deficiencias en la entrega de apoyos económicos a beneficiarios inscritos en el esquema.
El director de Noticias AT Chiapas precisó que el programa, diseñado para reducir el analfabetismo en la entidad, contempla becas denominadas “Rosario Castellanos” por un monto de cuatro mil pesos para personas adultas que concluyan el proceso formativo.
Sin embargo, a cuatro meses de haber concluido el periodo septiembre-diciembre, existen beneficiarios que no han recibido el recurso y a otros se les ha hecho llegar incompleto.
Las irregularidades apuntan directamente a la operación del ICATECH que está a cargo de César Arturo Espinosa Morales, instancia responsable de canalizar y administrar los apoyos a la población inscrita en el programa de alfabetización.
Toledo Jiménez señaló que, bajo la dirección de ese mal funcionario, se han entregado tarjetas bancarias con depósitos de apenas mil pesos, una cuarta parte de lo estipulado por las reglas del programa.
El caso se evidencia particularmente en Tonalá, donde adultos mayores inscritos en la estrategia de alfabetización reportan retrasos y montos incompletos, dijo el comunicador.
En la pesquería Manguito, por ejemplo, varios beneficiarios afirman haber concluido el proceso educativo sin recibir el incentivo prometido.
Algunos, agregó, se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para solicitar información y, tras ser canalizados entre dependencias, encontraron que sus nombres no aparecían en registros o que sus tarjetas reflejaban depósitos parciales.
Las anomalías, según el directivo de Noticias AT, no se limitan a los pagos. También existen señalamientos laborales dentro del instituto, con denuncias por despidos considerados injustificados y sin respeto a la antigüedad del personal.
Estas acusaciones, añadió, forman parte de un patrón administrativo que estaría debilitando la implementación del programa emblemático en la administración de la Nueva ERA.
El problema se agrava por la ausencia de explicaciones oficiales, toda vez que ni la dirección general del ICATECH ni la representación local en Tonalá, a cargo de Guadalupe Arias Ochoa, han emitido posicionamientos públicos que aclaren el destino de los recursos o la razón de los retrasos.
Dijo que solamente personal operativo del programa ha dado la cara, pero, aunque intenten responder a los beneficiarios, carecen de facultades para resolver la entrega del dinero.
Además, recordó, se reportaron presuntas simulaciones de resultados, ya que en el municipio de Simojovel, se habría presentado como alfabetizada a una persona que ya sabía leer y escribir, con el objetivo de mostrar avances del programa.
Este tipo de prácticas, precisó Toledo Jiménez, distorsiona la evaluación real del impacto social de la estrategia.
Afirmó que reconoce la voluntad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar acciones de transformación y atender el rezago histórico del estado, sin embargo, subrayó que las políticas públicas se miden por resultados y no por intención.
Advirtió que las fallas del aparato institucional terminan afectando la percepción ciudadana sobre el gobierno que tiene toda la buena voluntad de combatir el rezago educativo.
Comentó que mientras la administración estatal promueve programas ambiciosos, la ejecución operativa presenta vacíos administrativos, retrasos y denuncias que alimentan sospechas sobre el manejo de recursos.
Dejó ver que la problemática no radica en la estrategia de alfabetización, sino en la estructura encargada de implementarla, pues si no se corrigen las deficiencias y se esclarece el destino de los apoyos, el programa corre el riesgo de perder legitimidad.