Sr. Smith/Ultimátum
Hay errores administrativos. Y hay fallas que duelen porque tienen nombre y rostro.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación revisa el programa Servicios de Asistencia Social Integral en el municipio de Pijijiapan y encuentra 1,986,441 pesos pendientes por aclarar, no está haciendo grilla. Está haciendo fiscalización.
Diez millones auditados. El 100% revisado. Observaciones documentadas. Retenciones no acreditadas. Procesos de adquisición fuera de norma. Falta de cuenta bancaria exclusiva. Documentación sin leyenda de “operado”. Servicios personales sin acreditar perfiles profesionales. Reintegros no realizados.
No es opinión. Es el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.
Y lo más delicado: el programa auditado está vinculado a asistencia social e infancia migrante.
Ay no, tronco de presidente.
Porque esto no es nuevo. En 2022 se ventiló públicamente la facturación de 68 mil pesos en mariscos bajo el argumento de alimentación para niñez migrante. En aquel momento se defendió como gasto operativo. Hoy, dos años después, la ASF vuelve a señalar inconsistencias en el mismo programa.
Cuando el mismo rubro aparece en distintas anualidades con observaciones, deja de ser casualidad. Se convierte en patrón administrativo.
La ASF no acusa penalmente. Determina montos por aclarar. Y casi dos millones de pesos no son centavos extraviados en una caja chica. Son recursos federales etiquetados para asistencia social.
El informe señala que no se acreditó el destino de 1.9 millones correspondientes a vertientes del proyecto. Señala retenciones de ISR no comprobadas. Señala adquisiciones sin contratos. Señala faltantes de bienes. Señala irregularidades en servicios personales.
Cuando el dinero tiene destino social, la exigencia es mayor.
Porque en política se puede fallar en obra pública, se puede fallar en estrategia, se puede fallar en discurso. Pero cuando se trata de recursos dirigidos a población vulnerable, el margen de error se vuelve moral.
El alcalde podrá argumentar que son observaciones en proceso de solventación. Es su derecho. La ley permite aclarar. Pero la pregunta pública ya está instalada: ¿por qué el mismo programa vuelve a estar bajo la lupa?
Y aquí entra el fondo político.
En tiempos donde Morena insiste en narrativa de honestidad y combate a la corrupción, estos informes generan ruido interno. No por el monto en sí, sino por el simbolismo. Niñez migrante. Asistencia social. Recursos federales.
El discurso de transformación se sostiene en credibilidad. Y la credibilidad se erosiona cuando los informes oficiales contradicen la narrativa pública.
Ay no, tronco de presidente…
Porque gobernar no es improvisar ni justificar después. Gobernar es prevenir observaciones, blindar procesos y garantizar que cada peso etiquetado llegue a su destino.
Si hay aclaraciones, que se presenten.
Si hay documentación, que se exhiba.
Si hubo errores, que se asuman.
Pero lo que ya no se puede es fingir que esto es un ataque político. Es un documento oficial de la Auditoría Superior de la Federación.
Y cuando la ASF habla, el silencio no alcanza.
Porque al final, más allá de colores partidistas, la pregunta es sencilla:
¿Quién responde cuando el dinero era para la niñez?