Sr. Smith/Ultimátum
No me incomoda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesione en Tenejapa.
Me incomoda otra cosa.
La decisión de llevar una sesión del Pleno a la explanada de la Casa de la Cultura en un municipio de mayoría tseltal puede leerse como gesto simbólico de cercanía. El comunicado oficial habla de justicia abierta, humana, transparente. Se apela a la pobreza multidimensional, a la población indígena, a la legitimidad institucional.
En el papel suena impecable, pero el asunto merece otra lectura. La transferencia de estatus: ese mecanismo mediante el cual el prestigio de una institución se proyecta hacia una figura, un espacio o un actor… o al revés, cuando el prestigio del escenario intenta transferirse a quien lo ocupa.
La Corte, históricamente, no es una institución popular. Es una institución solemne. Su autoridad descansa en la formalidad, en la distancia simbólica, en el peso técnico de sus decisiones. No es una plaza pública. No es una asamblea política.
Cuando una institución que vive de su aura de imparcialidad decide trasladarse a un espacio cargado de simbolismo social, está enviando un mensaje. La pregunta es: ¿qué mensaje?
¿Se trata de acercar la justicia o de escenificar la cercanía?
Porque hay una diferencia enorme.
La justicia no es espectáculo.
No es gira.
No es campaña.
La justicia no necesita popularizarse; necesita respetarse.
El riesgo de esta estrategia no está en Tenejapa. El riesgo está en el contexto político que rodea a la nueva integración de la Corte, en la reforma judicial reciente y en la elección que convirtió a ministros en candidatos.
Cuando el ministro presidente propone sesiones itinerantes después de un proceso electoral que ya modificó la naturaleza del tribunal, el gesto deja de ser administrativo y se vuelve comunicacional.
Y aquí entra la transferencia de estatus.
Si la Corte se instala en una comunidad históricamente marginada, intenta proyectar un mensaje de inclusión. Pero también puede estar intentando transferirse el capital simbólico de esa comunidad: autenticidad, pueblo, legitimidad social.
La pregunta incómoda es esta:
¿La justicia necesita legitimarse con escenografía?
La autoridad de la Suprema Corte no se construye por geografía. Se construye por la calidad de sus sentencias. Por la coherencia de sus criterios. Por su independencia frente al poder político.
Si el prestigio institucional está sólido, puede sesionar en cualquier lado sin perder peso. Pero si el prestigio viene erosionado por polarización política, por sospechas de captura institucional o por desgaste mediático, entonces cambiar de sede no resuelve el problema de fondo.
El problema no es dónde sesionan.
El problema es si la Corte sigue siendo percibida como árbitro técnico o como actor político.
La justicia no debe competir por aplausos. No debe buscar rating. No debe caer en la lógica de la proximidad populista. La justicia es fría por naturaleza. Es deliberativa. Es técnica. Es incómoda muchas veces.
La Corte no necesita ser popular.
Necesita ser respetada.
Porque cuando el prestigio institucional baja, no hay explanada que lo recupere.
Y la justicia, a diferencia de la política, no puede darse el lujo de perder estatus.