A ESTRIBOR/Juan Carlos Cal y Mayor
Me pregunto si, más allá del espectáculo, estaremos concientes de las implicaciones jurídicas de lo resuelto durante esa sesión en Tenejapa del máximo tribunal del país.
Chiapas no es un laboratorio. Es un territorio con más de 20 mil comunidades, muchas de ellas dispersas dentro de los 22 municipios considerados indígenas.
No hablamos de una excepción aislada, sino de una realidad territorial compleja, atravesada por tensiones históricas, religiosas, agrarias y políticas.
Dentro del orden de los asuntos que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública en Tenejapa, se abordó un tema que afecta directamente a Chiapas: el reconocimiento del autogobierno indígena derivado de una omisión legislativa del Congreso local. No fue un expediente más. Fue un asunto con importantes implicaciones.
Después de esa decisión, la pregunta ya no es si el derecho a la libre determinación existe —porque existe y está en la Constitución—, sino si quienes celebraron el acto han dimensionado el efecto expansivo que puede detonar.
EL PRECEDENTE Y SU ONDA EXPANSIVA
Cuando la Corte reconoce una omisión legislativa y ordena garantizar en 90 días condiciones materiales para el autogobierno, incluyendo la entrega proporcional de recursos públicos, el mensaje no se queda en una sola comunidad. Se irradia.
En un estado con más de 22 mil comunidades, la gran mayoría con unos cuantos habitantes y muchas de ellas enclavadas dentro de municipios financieramente frágiles, el precedente puede convertirse en incentivo. No necesariamente por convicción jurídica, sino por cálculo político y presupuestal.
Si una comunidad obtiene reconocimiento de tener una autoridad propia por usos y costumbres, además de acceso directo a recursos, tal como señala el fallo de la corte, otras muchas pueden intentar la misma ruta. El efecto multiplicador no es retórico. Es real.
MUNICIPIOS EN TENSIÓN
El municipio libre es orden de gobierno con hacienda propia. Sus recursos son limitados y, en muchos casos, insuficientes para cubrir servicios básicos. Si se fracciona la potestad sobre el presupuesto, la administración municipal quedará sometida a una presión inédita.
No se trata sólo de dividir territorio. Se trata de dividir competencias, decisiones y control fiscal.
¿Habrá reglas claras de coordinación? ¿Quién auditará el ejercicio del gasto comunitario ¿Quién responderá ante irregularidades?
Sin un diseño normativo preciso, el riesgo es evidente: conflictos de competencia, disputas por límites territoriales y litigios permanentes.
LAS TENSIONES INTERNAS QUE NADIE QUIERE VER
Pero el problema no es únicamente administrativo. Chiapas tiene antecedentes dolorosos como la masacre de Acteal por una disputa intercomunitaria, como ocurrió en conflictos previos relacionados con bancos de grava y control territorial. También existen múltiples casos documentados de expulsiones por motivos religiosos como ha sucedido en Chamula.
¿Se ha pensado qué ocurrirá si dentro de una misma comunidad existen grupos con visiones distintas sobre autoridad, límites territoriales, religión o manejo de recursos? ¿Quién garantizará los derechos individuales frente a decisiones colectivas? ¿Qué pasará cuando el autogobierno sea capturado por una facción caciquil?
La libre determinación es un derecho constitucional. Pero no puede convertirse en un blindaje frente al control legal ni en una puerta para determinar exclusiones internas.
El dilema es también territorial. ¿Cuáles serán los límites físicos del autogobierno? ¿Coincidirán con el núcleo poblacional reconocido? ¿Con el ejido? ¿Con bienes comunales? ¿Qué ocurre cuando dos comunidades reclaman la misma franja de territorio o un recurso estratégico como agua, bancos de grava o tierras de uso común? La delimitación no es un asunto menor; en Chiapas la tierra no es solo geografía, es historia, identidad y, muchas veces, conflicto.
ENTRE DERECHO Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La ministra Loretta Ortiz Ahlf ha señalado que no se crea un cuarto nivel de gobierno. Jurídicamente puede ser correcto. Pero cuando existen autoridades propias, administración directa de recursos y decisiones autónomas, la arquitectura institucional cambia en los hechos. El riesgo no es la autonomía en sí. El riesgo es la improvisación.
Si el Congreso local no legisla con precisión técnica, visión fiscal y mecanismos claros de coordinación y control, el precedente puede prender la mecha de conflictos cuya magnitud hoy se subestima.
Porque en Chiapas los conflictos no suelen quedarse en el papel. Escalan. Se enquistan. Se heredan.
La Corte fue más allá del espectáculo. Ahora la responsabilidad política es mayor que el aplauso. Y si las consecuencias desbordan el diseño institucional, quienes hoy celebran el precedente no podrán alegar que no fueron advertidos.
En un estado con la complejidad social de Chiapas, legislar sin prever ese escenario sería, cuando menos, imprudente.