Sr. Smith/Ultimátum
Gobernar nunca ha sido sencillo.
Pero gobernar siendo mujer en México —y particularmente en Chiapas— implica cargar con un peso adicional que muchas veces pasa desapercibido.
La presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci, lo dijo con claridad en una conversación reciente: ser mujer es hablar de lucha, de sacrificio y de resistencia. No es un discurso vacío. Es la realidad de muchas mujeres que hoy ocupan espacios públicos que durante décadas fueron territorio casi exclusivo de los hombres.
Porque en política, a las mujeres se les juzga distinto.
A un hombre se le critica por sus decisiones.
A una mujer se le cuestiona por su carácter, por su vida personal, por su edad, por su forma de hablar o incluso por su apariencia.
Se les exige el doble.
Se les cuestiona el triple.
Eso lo expresó también la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales, cuando reconoció que en la vida pública a las mujeres se les pide explicación por todo, mientras que a los hombres muchas veces se les concede el beneficio de la duda.
Ese es el contexto que explica muchas de las discusiones que hoy rodean a Fabiola Ricci.
En días recientes, la periodista Adela Micha lanzó cuestionamientos sobre el origen de recursos vinculados a vehículos relacionados con el entorno de la alcaldesa, en medio de versiones que han circulado sobre posibles registros de pagos del crimen organizado en Chiapas dentro de investigaciones sobre la llamada “narco-nómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El señalamiento es serio y, como cualquier asunto público, merece claridad.
La política democrática exige algo simple: transparencia.
Pero también exige prudencia.
Porque una cosa es exigir explicaciones y otra muy distinta convertir el debate público en un linchamiento digital donde los rumores, las insinuaciones y las narrativas construidas en redes sociales se vuelven sentencia antes de que exista una investigación formal.
Ese es el terreno más peligroso de la política contemporánea.
Las redes sociales amplifican la conversación pública, pero también distorsionan la realidad. En cuestión de horas una acusación puede multiplicarse, deformarse o convertirse en verdad para miles de personas, incluso antes de que exista información verificable.
Y cuando el personaje en cuestión es una mujer, el fenómeno suele agravarse.
La violencia digital contra mujeres en la vida pública es hoy una de las formas más visibles de la violencia política de género. No siempre se manifiesta en insultos directos; muchas veces aparece en forma de insinuaciones, descalificaciones o campañas de descrédito que buscan erosionar reputaciones.
Eso no significa que una mujer en el poder no deba rendir cuentas.
Todo lo contrario.
La transparencia es la única manera de disipar dudas y fortalecer la confianza pública. Y si existen preguntas sobre el origen de recursos o bienes vinculados a un gobierno municipal, lo correcto es responderlas con claridad.
Pero una democracia madura también debe aprender a distinguir entre la crítica legítima y el linchamiento mediático.
Porque el riesgo de las redes sociales es que terminemos normalizando el juicio sin pruebas.
Fabiola Ricci lo dijo de otra manera cuando habló del uso irresponsable de la tecnología: las redes pueden informar, pero también pueden destruir reputaciones, generar odio y lastimar profundamente a quienes están expuestos a la vida pública.
La política del siglo XXI se libra en ese terreno.
Gobernar ya no significa solo administrar un municipio o tomar decisiones públicas. Significa resistir una presión permanente donde cualquier fotografía, cualquier rumor o cualquier interpretación puede convertirse en tendencia.
Por eso, más allá de simpatías o diferencias políticas, hay una verdad que no se puede ignorar.
Gobernar siendo mujer no es cosa fácil.
No lo es porque todavía existen prejuicios.
No lo es porque las exigencias son mayores.
Y no lo es porque, en muchos casos, las críticas dejan de ser políticas para volverse personales.
La solución no es blindar a nadie.
La solución es exigir transparencia con la misma fuerza con la que se exige respeto.
Porque la democracia necesita crítica, sí.
Pero también necesita responsabilidad.
Y en tiempos donde una publicación puede desatar tormentas políticas en cuestión de minutos, esa responsabilidad es más necesaria que nunca.