FILIPICAS /PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
Dos epicentros en México, el de la deslealtad y las amenazas de Trump.
La política mexicana ha entrado en una fase de «tormenta perfecta». Mientras el país observa con justificada ansiedad el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en el frente interno se ha abierto un boquete que debilita la posición de México. El rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados no es solo un revés legislativo para la presidenta Claudia Sheinbaum; es la exhibición pública de una fractura en el bloque oficialista que ocurre en el momento de mayor vulnerabilidad internacional.
El análisis de la votación revela un dato contundente: el Partido Verde (PVEM) ha decidido priorizar su arquitectura de supervivencia por encima del proyecto de nación. Al oponerse a la eliminación de las listas plurinominales, el partido del «tucán» envió un mensaje de pragmatismo puro: su lealtad tiene un límite y ese límite es el mantenimiento de sus espacios de representación y presupuesto. Esta maniobra deja a Morena sin la mayoría calificada necesaria para cambios constitucionales, obligando al gobierno a una negociación constante y costosa con un aliado que ha demostrado que su voto es, en realidad, una mercancía de alto valor.
Este escenario de inestabilidad legislativa interna proyecta una imagen de debilidad hacia el exterior. Para un negociador como Trump, un gobierno que enfrenta motines domésticos de sus propios aliados es un gobierno que llega condicionado a la mesa de revisión del T-MEC. La cohesión nacional, que debería ser el escudo frente a las amenazas de Washington, se ve comprometida por el cálculo electoral de partidos satélites que hoy parecen más interesados en preservar sus cotos de poder que en fortalecer la soberanía del Estado mexicano.
En el centro de esta discordia se encuentra el manejo de los recursos públicos, particularmente en sectores sensibles como la salud. Es un hecho público que el sistema sanitario ha enfrentado retos críticos de desabasto de medicamentos, una realidad que lacera a las familias más pobres. Diversas voces y auditorías han señalado a lo largo del tiempo las opacidades en las licitaciones estatales y federales de insumos médicos. El uso de la estructura de salud como una herramienta de operación política —como se ha cuestionado en gestiones estatales recientes— representa un lastre que la actual administración debería sacudirse mediante una revisión exhaustiva de cuentas, si desea mantener la autoridad moral frente a sus socios y frente a la ciudadanía.
La coyuntura exige una definición de Estado. La presidenta se encuentra ante el reto de decidir si la gobernabilidad del sexenio seguirá siendo rehén de las cuotas de sus aliados o si se iniciará un proceso de ordenamiento institucional que incluya la rendición de cuentas de quienes han gestionado presupuestos estratégicos. La fortaleza frente a Trump comienza con la limpieza de la casa propia.
Figuras bajo el análisis de la opinión pública:
La trayectoria de ciertos actores políticos será determinante en la percepción de justicia de este sexenio. El escrutinio ciudadano y las instancias de fiscalización tienen en la mira perfiles cuya gestión ha sido objeto de señalamientos recurrentes:
- José Manuel Cruz Castellanos: El paso del hoy diputado por la Secretaría de Salud de Chiapas ha sido documentado por diversos sectores debido a las quejas constantes sobre el estado de los servicios sanitarios y el manejo de insumos durante su periodo. Su caso es emblemático de la necesidad de transparencia en el sector salud.
- Manuel Velasco Coello: Su rol como articulador político del Verde contrasta con los señalamientos de auditorías que han revisado ejercicios presupuestales en Chiapas.
- Ricardo Gallardo Cardona: Su gestión en San Luis Potosí permanece bajo la lupa pública dada la relevancia estratégica de su estado en el mapa económico y los antecedentes de fiscalización que han rodeado su carrera.
- Jorge Emilio González y Arturo Escobar: Representan la vieja guardia de un partido que ha sabido navegar todas las alternancias, manteniendo el control de partidas presupuestales y negociaciones de alto nivel que hoy, nuevamente, definen el rumbo del Congreso.