MÁS ALLÁ DEL DISCURSO
CARLOS SERRANO/ULTIMÁTUM
Durante más de tres décadas, Chiapas ha sido descrito —y en muchos casos reducido— a cifras, diagnósticos y clasificaciones que lo colocan sistemáticamente entre los estados con mayores niveles de rezago del país. Sin embargo, detrás de esos indicadores hay una historia más profunda, con pueblos enteros que no solo han enfrentado carencias materiales, sino que han sido, en los hechos, invisibilizados.
Los datos son contundentes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2022 más del 67% de la población en Chiapas se encontraba en situación de pobreza, y cerca del 29% en pobreza extrema, los niveles más altos del país. A ello se suman carencias estructurales persistentes: más de la mitad de la población sin acceso a seguridad social, rezagos importantes en servicios básicos de vivienda y brechas profundas en salud y educación, particularmente en regiones indígenas.
Tuvieron que pasar más de tres décadas para que esas voces silenciadas, las de los pueblos históricamente relegados, comenzaran a ser escuchadas desde el centro de las decisiones públicas. Hoy, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se plantea un giro de fondo en el que se reconoce que gobernar Chiapas no comienza en el escritorio, sino en el territorio; no en la estadística, sino en la dignidad de las personas.
La apuesta de la Nueva ERA no es menor. Parte de una redefinición conceptual que rompe con inercias profundamente arraigadas, al dejar de hablar de “pueblos pobres” —una etiqueta que durante años justificó políticas asistencialistas— para nombrarlos como lo que realmente han sido, pueblos olvidados. Y ese cambio de lenguaje no es retórico; implica asumir que la deuda no es de quienes han padecido marginación y exclusión, sino del Estado que durante años no supo —o no quiso— mirar, escuchar y responder.
Desde esta lógica, el gobierno humanista que hoy encabeza Eduardo Ramírez ha comenzado a construir una ruta distinta, cumpliendo con la palabra, para empezar a saldar la deuda histórica y transitar del olvido a la prosperidad compartida.
Y esa presencia ya comienza a materializarse en acciones concretas. En Chanal, uno de los municipios con mayores niveles de marginación, se puso en marcha un programa integral que combina apoyos alimentarios con la reconstrucción del sistema de agua potable, atendiendo simultáneamente dos de las carencias más críticas identificadas por el propio CONEVAL, el derecho a la alimentación y acceso a servicios básicos.
Otro ejemplo es Oxchuc, en la región de Los Altos, donde se lanzó el programa “Del olvido a la prosperidad”, que tiene como objetivo intervenir en los municipios con mayor rezago social del estado, donde, según mediciones oficiales, las carencias pueden acumularse en más del 70% de la población en rubros como vivienda, ingreso y servicios básicos.
Por otra parte, en materia de derechos sociales, destaca la incorporación de trabajadores independientes al sistema de salud a través del IMSS, una medida que busca atender a un sector que, en Chiapas, representa a la mayoría de la población ocupada, donde la informalidad laboral supera el 70%, lo que históricamente ha limitado el acceso a servicios médicos y protección social.
La infraestructura también comienza a alinearse con esta nueva visión. El impulso a las “carreteras vivas” responde a una realidad documentada, en la que cientos de comunidades en Chiapas han permanecido durante años con conectividad limitada o precaria, lo que impacta directamente en su acceso a educación, salud y mercados. De igual forma, la rehabilitación de escuelas y centros de salud apunta a revertir rezagos acumulados en servicios básicos que forman parte de las principales carencias sociales del estado.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos 30 años es que Chiapas no ha carecido de política social. Por el contrario, ha sido escenario de múltiples programas, estrategias y modelos que, si bien han tenido impactos parciales, no han logrado modificar de raíz las condiciones estructurales de la pobreza.
En suma, se implementó una política social que ha atendido síntomas sin transformar causas. Se han repartido apoyos, pero no siempre se han generado condiciones para el desarrollo productivo; se han construido obras, pero no necesariamente se han garantizado servicios de calidad; se han ampliado coberturas, pero sin lograr cerrar brechas históricas.
A ello se suma la constante reinvención sexenal, que ha fragmentado esfuerzos y debilitado la continuidad de las políticas públicas. Así, mientras los programas cambiaban de nombre, los indicadores estructurales permanecían prácticamente intactos.
Frente a ese escenario, los primeros quince meses del gobierno de Eduardo Ramírez comienzan a delinear una lógica distinta, con una política social con enfoque territorial, que reconoce las desigualdades históricas y busca intervenir directamente en los municipios con mayor rezago.
El reto, sin duda, es enorme. Transformar inercias de décadas no se logra en meses. Pero también es cierto que toda transformación comienza por la decisión de mirar de frente la realidad y nombrarla correctamente.
Si esta visión logra consolidarse —si el paso del olvido a la prosperidad compartida se traduce en resultados tangibles y sostenidos— Chiapas podría no solo saldar una deuda histórica con su propia gente, sino convertirse en un referente nacional.
Porque entender que el desarrollo comienza por quienes no fueron vistos, no fueron escuchados y no fueron atendidos, es, quizás, la lección más urgente para el país y tal vez, desde el sur, pueda comenzar a escribirse una nueva forma de gobernar México.