En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega, en un hecho histórico, de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal y garantiza el abasto del agua para los próximos 30 años, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.
“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios. Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley. Y el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua.
“Y se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua y vamos a cerrar el día de hoy entregando por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California. Tenían que pagarle a un Distrito de Riego que ya prácticamente no sembraba nada, el agua, la ciudad de Tijuana, Mexicali. Entonces el Distrito de Riego, que supuestamente tiene agua gratuita para sembrar para la alimentación, pues ya sembraba poco, pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
Recordó que fue con el expresidente Salinas de Gortari que se emitió la antigua Ley Nacional de Aguas, la cual permitía comercializar el recurso hídrico convirtiéndolo en mercancía, por ello, con la nueva ley, los recursos ahora se regresan a la gente a través de más obra pública.
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que con la nueva ley se eliminan las transmisiones entre particulares, terminando con el mercado negro del agua. Asimismo, se eliminan los cambios de uso —particularmente del agrícola a otros usos con fines de lucro—, se termina con el acaparamiento, se combate el uso ilegal y se otorga justicia social al reconocer los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.