COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO/ULTIMÁTUM
En octubre de 1977, el príncipe Mohammed bin Faisal Al Saud llegó a una universidad en Iowa con un iceberg bajo el brazo. Literalmente. Cuatro días antes había contratado un helicóptero y buzos para extraer una tonelada de hielo de un glaciar en Alaska, trasladarla en avión comercial a Minneapolis y llevarla en camión refrigerado hasta el campus donde se celebraba la Primera Conferencia Internacional sobre Utilización de Icebergs. Era un gesto, no un plan. El plan era otro, y era mayor. Dos años antes, Arabia Saudita había constituido una compañía con capital de 100 millones de dólares para remolcar icebergs desde la Antártida —masas de hielo de millones de toneladas— hasta la costa del Mar Rojo. El proyecto se abandonó porque el Estrecho de Bab el-Mandeb era demasiado poco profundo para los buques remolcadores.
No lo frenó la falta de dinero. No lo frenó la falta de ambición. Lo frenó la geografía. Un estrecho de agua que hoy, medio siglo después, vuelve a ser noticia —esta vez por razones bélicas, no oceanográficas.
Esa imagen me parece la más honesta que conozco sobre la crisis hídrica global. Un príncipe con petrodólares y visión de Estado, dispuesto a mover los polos de la Tierra hacia el desierto, derrotado por 70 metros de profundidad marina. Hay en eso una lección que los foros de política internacional todavía no han terminado de procesar.
Hay una conversación que se repite en esos foros, en reportes del Banco Mundial, en declaraciones de cancillerías que raramente dicen lo que piensan: el agua será la causa de los próximos conflictos armados. Lo dicen con la solemnidad de quien descubre algo. Como si no lleváramos décadas viendo las señales acumularse en silencio, mientras los mercados de hidrocarburos acaparaban titulares y los estrategas seguían dibujando el mundo con la geometría del siglo XX.
Yo lo entendí de otra manera. No en un seminario, sino en Atitalaquia, Hidalgo —municipio vecino de Tula, proveedor de agua para la refinería de Pemex que opera ahí desde hace décadas. Fui parte de un proceso de due diligence para recibir terrenos donados al cierre de una administración municipal. El abogado que lideró la operación, Juan Zuani —viejo lobo ferrocarrilero reconvertido en corporativo— y yo terminamos siendo, por un error administrativo que tardamos meses en corregir, «propietarios» de extensiones importantes de tierra en esa zona. No por codicia. Por prisa. Por la velocidad con que se toman decisiones cuando el tiempo político apremia y nadie revisa el detalle de los documentos. Eso que suena bien en un panel sobre gobernanza corporativa —»procesos robustos de validación legal»— en la operación es otra historia.
Lo que me quedó de esa experiencia no fue la anécdota jurídica. Fue entender que el agua de una refinería no es agua en abstracto. Es infraestructura de poder. Y que quienes controlan los afluentes, los derechos de explotación, los acuíferos compartidos, tienen una palanca que no aparece en los balances pero que mueve todo lo demás.
Hoy esa intuición se ha convertido en dato duro.
Más de 2,000 millones de personas viven actualmente en países con estrés hídrico severo. El Nilo, el Indo, el Jordán, el Tigris-Éufrates, el Mekong. Todos son cuencas compartidas entre naciones con historias de conflicto activo o tensión latente. El lago Chad se ha reducido más del 90% desde 1960. En el noroeste de China, las reservas subterráneas caen a una velocidad que los propios modelos oficiales de Beijing consideran insostenible para 2040. En México, la Cuenca Lerma-Chapala —que abastece a la zona metropolitana de Guadalajara y a una franja agroindustrial crítica— lleva años en disputa entre estados, y la Conagua administra concesiones que en muchos casos reflejan más la historia de las relaciones políticas que la disponibilidad real del recurso.
Esto no es ambientalismo. Es geopolítica.
El Banco Mundial estima que para 2050 el PIB de regiones como el Medio Oriente y el norte de África podría caer hasta un 14% por efecto directo de la escasez hídrica. No como consecuencia de un conflicto bélico. Como causa. La diferencia es importante: no estamos hablando de pobreza que lleva a la inestabilidad que lleva a la guerra. Estamos hablando de un recurso finito, mal distribuido y cada vez más privatizado que convierte a quienes lo controlan en actores estratégicos de primer orden —con o sin ejército.
Y ahí está el nudo. El que nadie quiere señalar con claridad.
El discurso público —en cumbres climáticas, en informes multilaterales, en declaraciones presidenciales— habla de «gestión sostenible del agua», de «cooperación transfronteriza», de «soluciones basadas en la naturaleza». Lenguaje correcto, inofensivo, diseñado para producir consenso sin mover nada. Lo que ese lenguaje no dice es que en paralelo se consolida un mercado de derechos hídricos que opera con la lógica de los commodities financieros. En Australia ya existe. En Chile lleva décadas funcionando —con consecuencias que los propios economistas chilenos debaten ferozmente. En Estados Unidos, fondos de inversión han comenzado a adquirir derechos de agua en estados del oeste con una sistematicidad que no deja lugar a dudas sobre la tesis de fondo: el agua cotiza.
Yo estuve del otro lado de esa ecuación. No en los mercados de agua, sino en la lógica que los precede: la de los activos estratégicos que el Estado controla nominalmente pero que en la práctica se administran con criterios que mezclan técnica, política y oportunidad. Pemex no es solo una empresa petrolera. Es un operador de infraestructura crítica que depende de recursos hídricos que no controla del todo, en territorios donde la gobernanza local puede cambiar en un diciembre, con un alcalde saliente y un abogado que firma rápido.
Los escenarios futuros no son ciencia ficción. Son proyecciones bastante plausibles:
El más probable —y el menos dramático— es la multiplicación de conflictos domésticos. No guerras entre naciones, sino fricciones internas: comunidades rurales contra agroindustria, ciudades intermedias contra capitales, agricultores contra plantas industriales. México ya los tiene. India los tiene de forma crónica. En el norte de África se expresan como migraciones que Europa llama «crisis» pero que en origen son sequías.
El segundo es el que los analistas llaman «hydro-hegemony»: países con control sobre cabeceras de ríos transfronterizos que utilizan ese control como instrumento de negociación o presión. Etiopía construyó la Presa del Gran Renacimiento sobre el Nilo Azul sin el consentimiento de Egipto ni Sudán. Egipto —que obtiene el 90% de su agua del Nilo— ha dicho, con distintos niveles de eufemismo, que considera eso una amenaza existencial. Turquía opera sobre el Éufrates con la misma lógica respecto a Siria e Irak. China controla las nacientes del Mekong, el Brahmaputra, el Indo. No es coincidencia. Es arquitectura de poder hídrico.
El tercero es el que más incomoda al sistema financiero internacional: la ruptura de acuerdos de inversión en infraestructura cuando el agua escasea y los gobiernos empiezan a renacionalizar lo que en otro momento privatizaron. Bolivia lo hizo en 2000, con la Guerra del Agua en Cochabamba. No fue el último caso. Será menos el último conforme el estrés hídrico aumente y los gobiernos enfrenten la decisión de proteger a sus poblaciones o cumplir contratos con operadores privados.
La conclusión incómoda es esta: el agua no está fuera del sistema. Está en su centro. Y mientras el debate público sigue enmarcando la crisis hídrica como un problema ambiental que requiere conciencia ciudadana y acuerdos voluntarios, los actores que entienden lo que realmente está en juego —fondos soberanos, grandes operadores agroindustriales, Estados con visión de largo plazo— están posicionándose con una claridad que contrasta dolorosamente con la vaguedad de quienes, en teoría, tienen la responsabilidad de gobernar el recurso.
El agua no espera consensos. Fluye hacia donde alguien ya decidió que debía ir.
Y el príncipe que quiso moverla desde el polo sur lo sabía hace cincuenta años.