PUNTO DE FUGA/ALFREDO PACHECO/ULTIMÁTUM
El acceso al agua en México está reconocido como un derecho humano desde 2012. En teoría, esto significa que el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder a este recurso esencial para la vida. Sin embargo, entre reformas legales, trámites burocráticos y problemas de infraestructura, ese derecho muchas veces se diluye en la práctica.
La Ley General de Aguas de México, recientemente impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un objetivo legítimo: combatir el acaparamiento del agua y asegurar su acceso para la población. No obstante, diversos análisis han advertido que el nuevo marco legal también concentra más poder en el gobierno federal para decidir quién puede acceder al recurso.
De acuerdo con el análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), una de las principales preocupaciones es la mayor discrecionalidad en la entrega de concesiones, ahora bajo control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En términos simples: si una tierra cambia de dueño, el derecho al agua ya no se transfiere automáticamente; ahora vuelve al gobierno federal, que decide si se concede nuevamente o no, esto alarma, sobre todo en las tierras que son heredadas.
Si bien, este cambio, que busca frenar abusos, también genera incertidumbre para campesinos, productores y comunidades que dependen del agua para vivir y trabajar. Cuando el acceso a un recurso vital depende de trámites centralizados y decisiones administrativas, el riesgo es evidente: la burocracia puede convertirse en una barrera más grande que la propia escasez.
TUXTLA SIN AGUA
Pero mientras en la esfera nacional se discuten reformas y concesiones, en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez la realidad es mucho más alarmante, la gente simplemente no tiene agua en sus casas.
Durante las últimas semanas, cientos de familias han tenido que comprar pipas para abastecerse debido a fallas en el sistema de distribución del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla; pero el problema no es solo la falta del servicio, sino el costo que implica sobrevivir a la escasez. Una pipa que antes costaba alrededor de 350 pesos hoy puede llegar a venderse entre 500 y 600 pesos.
Es decir, mientras el agua se discute en términos legales en el centro del país, en las colonias tuxtlecas la gente paga más por un recurso que debería estar garantizado.
El diputado local Mario Guillén Guillén señaló algo que también resulta evidente: los municipios deben invertir en mantenimiento de la infraestructura hídrica. Las tuberías viejas, las fugas y la falta de planeación también forman parte del problema.
Y ahí aparece otra contradicción del debate nacional. Mientras se centraliza el control del agua en la federación, muchas de las fallas que afectan a la población ocurren a nivel local, por redes deterioradas, sistemas colapsados y la falta de mantenimiento.
El resultado de estas situaciones es un círculo vicioso. La federación controla concesiones; los estados y municipios enfrentan crisis de infraestructura; y al final, quien paga las consecuencias es el ciudadano que abre la llave y no sale nada.
El agua no debería depender de trámites interminables ni de disputas políticas entre niveles de gobierno y mucho menos debería convertirse en un negocio oportunista cada vez que hay escasez.
Garantizar el derecho al agua no se logra sólo con leyes, se logra con infraestructura, transparencia en las concesiones y responsabilidad de todas las autoridades, y sin lugar a dudas lo que se necesita para ello es voluntad política.
Porque mientras el agua se queda atrapada entre la burocracia y la falta de mantenimiento, para miles de familias la crisis no es un debate político, es una realidad cotidiana que lacera su economía y salud.
PERSPECTIVA
El alcalde de Tuxtla, Ángel Torres simplemente no ha cumplido con su promesa de restablecer el suministro de agua para la ciudad, pues el vital líquido apenas y llega a algunas colonias de la capital, y mientras tanto reparte despensas entre el personal de Servicios Municipales a quienes no ha dotado ni de botas ni de uniformes para poder realizar su trabajo de manera segura.
¡Hasta la próxima!