COLABORACIÓN INVITADA/Sr. Smith/Ultimátum
Hay funcionarios que llegan a una dependencia con un proyecto, una agenda de trabajo y una visión clara de lo que quieren construir. Y hay quienes llegan cargando compromisos políticos que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una pesada factura que alguien tiene que pagar.
En la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, aseguran, la situación comienza a generar inconformidad entre trabajadores y mandos medios.
El nombre que aparece en el centro de las quejas es el de Judith Torres Vera, titular de la dependencia.
Lo que circula entre trabajadores no es menor. Y, por supuesto, debe ser investigado y aclarado por las autoridades correspondientes.
De acuerdo con testimonios, existiría una presunta práctica mediante la cual jefes de departamento y directores estarían obligados a entregar 3 mil 500 pesos quincenales de su salario. La pregunta es simple: ¿por qué?
Si se trata de una aportación voluntaria, debería existir absoluta libertad para decidir si se participa o no. Pero si se trata de una cuota exigida bajo presión, entonces estamos ante un asunto que merece una investigación formal.
Porque el salario de los servidores públicos no es una caja chica.
Y mucho menos puede convertirse en una especie de impuesto político para financiar compromisos que los funcionarios adquieren antes, durante o después de llegar a un cargo.
También se denuncia que trabajadores de la Secretaría de Pesca son obligados a extender sus jornadas hasta cerca de las diez de la noche, pese a que su horario habitual concluye a las cinco de la tarde, además de acudir a trabajar durante fines de semana y domingos.
Aquí también debe haber claridad.
Una institución pública puede requerir trabajo extraordinario cuando las circunstancias lo ameritan. Pero ese trabajo debe estar debidamente justificado y, sobre todo, debe respetar los derechos laborales.
La disciplina no es explotación.
El compromiso institucional no significa disponibilidad absoluta para cualquier ocurrencia.
Y la lealtad a un gobierno no puede confundirse con obediencia ciega a una persona.
Uno de los episodios que más indignación ha provocado entre los trabajadores ocurrió durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas.
Según los testimonios recibidos, personal de la Secretaría habría sido convocado desde las ocho de la mañana para concentrarse en las letras de Tonalá, ubicadas sobre el libramiento, con la finalidad de esperar el paso o la presencia de la mandataria.
La espera se prolongó durante horas.
Y cuando finalmente apareció la presidenta, aseguran, la actividad duró apenas unos minutos.
Hasta ahí podría tratarse de una más de las movilizaciones que forman parte de la dinámica política y gubernamental.
Lo que generó molestia, sin embargo, fue la presunta exigencia posterior para que los jefes y directores devolvieran el dinero utilizado en la compra de aguas que, según los testimonios, habían sido entregadas a los trabajadores durante la espera.
Es decir: se organiza la movilización, se convoca al personal, se adquieren insumos y después la factura termina repartida entre los funcionarios subordinados.
Si ocurrió así, no parece precisamente una forma humanista de conducir una dependencia.
También se acusa que trabajadores han tenido que aportar recursos de su propio bolsillo para realizar arreglos y mejoras en las oficinas, bajo instrucciones de la titular.
Aquí nuevamente la pregunta es inevitable: ¿con qué presupuesto se realizan esas obras?
Si son necesarias para mejorar las condiciones laborales, deben estar contempladas en los mecanismos institucionales correspondientes.
Si se trata de gastos menores, deben existir reglas claras.
Pero lo que no puede ocurrir es que el trabajador termine pagando de su salario las necesidades de una oficina pública.
Y mucho menos cuando, de acuerdo con las mismas versiones, existen mandos a quienes presuntamente se les descuenta dinero de manera periódica.
Judith Torres Vera tiene derecho a responder.
Y debería hacerlo.
No por una campaña en su contra, sino porque una institución pública no puede vivir bajo el rumor permanente.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo tiene responsabilidades enormes. Chiapas cuenta con comunidades pesqueras que requieren apoyo, productores que necesitan acompañamiento, cooperativas que demandan atención y un sector que merece políticas públicas, no conflictos internos.
La pesca y la acuacultura no pueden quedar subordinadas a compromisos personales.
Tampoco una dependencia pública puede convertirse en una estructura para recaudar dinero entre subordinados.
Y aquí aparece otro asunto que ha generado comentarios: la presunta gestión de espacios laborales en otras instituciones para cumplir compromisos que no podían ser cubiertos únicamente desde la Secretaría de Pesca.
Si eso ocurrió, también merece ser explicado.
Porque una cosa es coordinar esfuerzos institucionales entre dependencias y otra muy distinta utilizar diferentes espacios del gobierno para acomodar compromisos políticos o personales.
El servicio público no es una agencia de colocaciones.
Los cargos no son moneda de cambio.
Y los trabajadores no son fichas para cubrir deudas políticas.
La Nueva ERA ha hablado de humanismo, de transformación, de honestidad y de una nueva forma de gobernar.
Por eso, cualquier señal de abuso, presión o cobro indebido debe ser atendida.
No basta con cambiar los nombres de las instituciones.
La transformación verdadera también debe sentirse en la relación cotidiana entre quienes tienen un cargo y quienes trabajan bajo sus órdenes.
Porque un jefe puede exigir resultados.
Puede pedir disciplina.
Puede solicitar compromiso.
Pero no puede apropiarse del salario de sus subordinados.
No puede convertir las jornadas extraordinarias en una obligación permanente.
No puede hacer que los trabajadores paguen de su bolsillo las necesidades de una oficina.
Y mucho menos puede tratar a los servidores públicos como si fueran parte de su patrimonio personal.
Las acusaciones son graves.
Por eso deben investigarse.
Y si son falsas, Judith Torres Vera tiene todo el derecho de desmentirlas y presentar las pruebas correspondientes.
Pero si son ciertas, entonces no bastaría con una explicación política.
Tendrían que existir consecuencias administrativas.
Porque en el gobierno de la Nueva ERA, la lealtad no puede estar por encima de la ley.
Y los compromisos personales de una funcionaria no pueden convertirse en la carga económica y laboral de quienes dependen de ella.
La Secretaría de Pesca necesita resultados.
Los pescadores necesitan apoyos.
Las comunidades requieren atención.
Y los trabajadores merecen respeto.
Todo lo demás —las cuotas, las presiones, las jornadas abusivas y los gastos personales trasladados a los subordinados— no tiene nada que ver con la transformación.
Porque cuando el río suena, no siempre es porque lleva agua. A veces también lleva denuncias.