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ACÁ ENTRE NOS

20 de marzo de 2023
in Opiniones
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Caso Damián

Alejandro Moguel/Ultimátum

La muerte del niño Damián Estrada Moreno, de tres años de edad, acontecida el 7 de febrero pasado dentro la guardería Piguin & Babe de Tuxtla Gutiérrez, se convirtió en un caso bochornoso para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

Tuvieron que transcurrir un mes y diez días para que fuera ejecutada una orden de aprehensión en contra de José de Jesús N quien en un men­saje grabado en video por él mismo se presenta como director general y representante legal de dicho cen­tro de preescolar, y avisa que en ese momento –la mañana del sábado 18 de marzo- estaba dirigiéndose hacia la Fiscalía General para “aclarar los hechos” relacionados con la muerte del mencionado niño.

En esa misma grabación, el pro­pietario de la guardería refiere que siempre había estado localizable, que había proporcionado a la FGE toda la información que se le había solicita­do, incluidos videos de vigilancia del interior del centro escolar.

Eso quiere decir que la Fiscalía no estaba investigando el caso como debiera ser y tampoco había buscado al o los presuntos responsables del fatal hecho para detenerlos. Él solo y con sus propios pies fue a entregarse.

Aquí es donde surgen varias preguntas: ¿Por qué si José de Jesús había estado todo el tiempo localiza­ble, la Fiscalía no lo había detenido? ¿Por qué tuvo que llegar primero el reclamo de justicia a la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador para que la Fiscalía actuara? ¿Por qué la Fisca­lía ejecutó la orden de aprehensión cuando José de Jesús se presentó vo­luntariamente a intentar aclarar los hechos y por qué no lo había hecho antes? ¿No habían sido suficientes cuarenta días para que fuera inte­grada la carpeta de investigación o no querían detener a nadie porque hay influyentismo o contubernio entre el ahora detenido y las autoridades correspondientes?

Yo creo que las autoridades de la Secretaría de Educación –depen­dencia que otorga permisos para funcionamiento de instituciones de ese tipo- y de la Fiscalía General del Estado tienen que dar muchas expli­caciones con respecto a la dilación en la aplicación de justicia en el caso del niño fallecido

Los familiares habían asegurado con anterioridad que el menor falle­ció por ahogamiento en la alberca del centro educativo, no por bron­coaspiración como se estableció en la necropsia y como habían filtrado los dueños de ese plantel. “Mi hijo sacaba agua por la boca y la nariz, y aún así dice que fue por broncospira­ción”, había dicho Mauricio Damián Estrada, padre del infante.

Desde ahí estaban mal las cosas. Desde ahí empezaron las sospechas de que las autoridades respectivas y los dueños del plantel estaban tra­tando de tergiversar los hechos y es­condiendo algo.

La madre del niño, Amparo Mo­reno, declaró que en la mañana del 7 de febrero dejó a su hijo al interior de la guardería en Tuxtla Gutiérrez, a la que acudía habitualmente y que un par de horas después fue notificada, que el menor estaba en una clínica particular donde se encontraba sin vida”.

El jueves pasado, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Ma­nuel López Obrador instruyó a la se­cretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que atendiera de inmediato el caso del menor, y pidió a los familiares de la víctima que se acerquen con la funcionaria federal hoy lunes porque él y los demás funcionarios del gabi­nete de seguridad van a estar dando dicha conferencia desde la capital chiapaneca.

alexmoguels@hotmail.com

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