Caja de ahorro solo espera restitución de inmuebles

Han actuado apegados a la legalidad y han cumplido con todas las instituciones, presentando la documentación que acredita a los consejos de Administración y Vigilancia del periodo 2023- 2027, así como la representación legal que recae en su persona

Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum

TGZ

A 54 días de crisis en la Caja Popular San Juan Bosco, solamente espe­ran que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chia­pas restituya el bien que fue ocupado ilegalmente por José Antonio Flores López y personas ajenas al Consejo de Administración del periodo 2023-2027, que representa legalmente Enoc Hernán­dez Cruz, para que puedan recuperar la operatividad de la misma.

Entrevistado por Alejan­dro Moguel en las instalacio­nes del diario Ultimátum, Enoc Hernández Cruz, re­presentante legal, afirmó que durante todo este tiempo se ha afectado a la cooperativa y a los socios que no pueden tener la certeza en sus aho­rros, en el pago de préstamos vencidos y no logran adquirir nuevos créditos con la tasa de interés más baja que ofrece esa sociedad.

Desde febrero, añadió, hay mucha incertidumbre, confusión, manejo tenden­cioso y manipulado de la si­tuación que prevalece.

Dijo que de su parte han sido prudentes, apegados a la legalidad y han cumplido con todas las instituciones, presen­tando la documentación que acredita a los consejos de Ad­ministración y Vigilancia del periodo 2023-2027, porque son cinco años que marca la ley, así como la representación legal que recae en su persona.

“A los que tomaron vio­lentamente la caja popular no les cae bien que nosotros es­temos actuando conforme a derecho, porque ellos han ac­tuado con base a la violencia y nada de lo que han querido promover les ha funcionado, en cambio nosotros ya casi tenemos el reconocimiento de todas las instituciones”, explicó.

Recalcó que esas perso­nas están muy enojadas por­que ya se acabó aquello de que manejaban la cooperati­va a su antojo, pues esta socie­dad que puede producir entre 60 y 100 millones de pesos al año, rendía solamente 18 o 19 millones de pesos, porque era lo que ellos acreditaban y desaparecían lo demás y a nadie le daban cuenta.

Hernández Cruz pidió a los socios que estén tran­quilos porque su dinero está protegido, que no se inquie­ten porque caigan en venci­mientos porque no es culpa de ellos que no puedan pagar y no se les van a cobrar esos intereses.

El pago de préstamos se va a reactivar, afirmó, a par­tir de que las cosas estén en orden y todo lo que se genere durante el tiempo que dure la crisis no les va a afectar en lo absoluto, a pesar de que quie­nes tomaron ilegalmente las instalaciones llaman, amena­zan y envían citatorios para cobrarle a los socios, sin po­ner el nombre de nadie como presidente de los consejos de Administración y Vigilancia.

Comentó que todo aquel que quiera salir de dudas de que quienes están en la caja no tienen ninguna represen­tación, que acuda a la coope­rativa a pedirles sus ahorros o un préstamo y se darán cuen­ta que no se los pueden dar.

Recordó que el día 2 de febrero, el grupo encabeza­do por José Antonio Flores López ingresó al edificio, apo­yado por Los Motonetos, gol­peando a mujeres y hombres empleados de la cooperativa.

En ese momento, Flores López presentó al director de la policía municipal un ac­ta apócrifa inventada por la notaria Pilar Rojas, quien no estuvo en la asamblea, que lo acreditaba como directivo y de esa forma ocuparon el edificio de la caja popular.

Destacó que solamente esperan que la FGE termine el proceso correspondiente, conforme a derecho, para que les restituyan los edificios, porque toda la operatividad la tienen ellos, tales como “la representación obrero pa­tronal ante el IMSS, el tema fiscal del SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi­co también, la relación con Condusef, así como con las instituciones bancarias”.

Señaló que una vez restitui­dos los bienes, será el Ministe­rio Público y el juez correspon­diente quienes determinarán si hubo delitos y responsables de los mismos, para proceder en consecuencia.

Dijo que el grupo ilegal pretende confundir a los so­cios y les pide firmas para re­vocar a Enoc Hernández; sin embargo, hay reglas y leyes para tal efecto. “Emiten con­vocatorias para hacer asam­bleas y una semana emiten una y luego otra diferente y ya no saben qué hacer”.

Sacan comunicados “anó­nimos”, en donde no aparece nadie responsable, pero lo hacen porque están en una situación desesperada y no saben qué hacer porque sien­ten que ya perdieron legal­mente el proceso y no pueden disponer del dinero de la coo­perativa, sino solamente del que de buena fe está llevando la gente a depositar y pagar, por las amenazas de que son objeto.

“Les quiero decir algo, el día de mañana, cuando los socios vean que ese dinero que pagaron en estos 54 días no se va a reflejar en los es­tados de cuenta, yo creo que a la casa de don José le van a ir a cobrar para que se los devuelva, y con justificada ra­zón, porque tan difícil está la situación como para que una persona nos confunda, nos engañe y se robe el dinero”, precisó.