AUSTRAL

Acusan a Migración de operar “cárceles”

Ricardo del Muro/Ultimátum

La muerte de 38 in­documentados du­rante un incendio en las instalaciones de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido una noticia que ha conmo­vido al mundo y provocó la condena generalizada de las organizaciones defensoras de los derechos de migrantes.

Reprocharon las condi­ciones “infrahumanas” de ha­cinamiento que prevalecen en las estaciones migratorias del INM, a las que califica­ron como prisiones, y exigie­ron la renuncia de Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto.

La Conferencia del Epis­copado Mexicano (CEM), a través de un comunicado, se­ñaló que la sobrepoblación y hacinamiento en las es­tancias son causadas por las numerosas detenciones que realiza el INM como resul­tado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, más no en la protección de los de­rechos humanos de las perso­nas migrantes.

“No son albergues, son estaciones migratorias que en realidad operan como pri­siones y como castigo ante la migración irregular”, señaló la CEM.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó desde 2019 sobre las “graves” condiciones en las que se encuentran los centros de detención migratoria del país, donde hay hacinamien­to, acceso limitado a medi­camentos, maltrato, burlas, extorsión, discriminación y falta de atención y servicios de salud a las personas de­tenidas.

De acuerdo con el órgano autónomo, estos lugares son estancias temporales en don­de se aloja a personas cuan­do no pueden acreditar su estancia legal en México; sin embargo, aclaró que, pese a la narrativa gubernamental, la presentación de los extranje­ros constituye una privación de la libertad.

“Por tanto, aunque se indique que las personas en contexto de migración han sido rescatadas, alojadas, presentadas, es claro que la detención migratoria es una privación de la libertad deri­vada de la condición de estan­cia no documentada en el país y ejecutada en recintos de de­tención que siguen patrones operativos y estructurales de centros de reclusión penal”, indica el reporte “Informe especial: Situación de las es­taciones migratorias en Mé­xico, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención”.

Por ello, la CNDH reco­mienda a las autoridades fe­derales realizar cambios en la política migratoria para no privar de la libertad a los mi­grantes, como si se tratara de delincuentes; cambiar el mo­delo carcelario, ya que los en­cierran bajo llave, así como to­mar medidas indispensables para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación en las esta­ciones migratorias y estancias provisionales del país.

Asimismo, se solicitó to­mar medidas necesarias para garantizar el acceso al dere­cho, a la legalidad y a la segu­ridad jurídica de las perso­nas en contexto de movilidad que se encuentran detenidas, además de disminuir sustan­cialmente o, en caso, elimi­nar los periodos de espera en detención para el estudio y determinación de la solicitud de la condición de refugiado, acorde a un nuevo modelo de atención migratoria.

Ante la tragedia de los migrantes, ocurrida la noche del pasado lunes, la primera reacción fue eludir responsa­bilidades y echar culpas. El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a mi­grantes de haber provocado el incendio de la estación del INM en Ciudad Juárez; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en quien recaen las responsabi­lidades legales de las institu­ciones migratorias, señaló al canciller Marcelo Ebrad co­mo el encargado de esa tarea. Y éste, a quien un decreto le transfirió la coordinación mi­gratoria, pidió preguntar al INM por los trágicos hechos.

También se deslindó la go­bernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Cam­pos Galván, quien desestimó trasladarse a Ciudad Juárez para atender a las víctimas del incendio, con el argumento de que el caso es responsabilidad de la Federación. Lo mismo hizo el presidente municipal de Ciudad Juárez, el morenis­ta Cruz Pérez Cuéllar, a pesar de que el solicitó el operativo para retirar a los migrantes de los cruceros viales de esa localidad y ha mantenido una política de endurecimiento en contra de las personas extran­jeras.

Por su parte, el comisio­nado del INM, Francisco Garduño ha optado por guar­dar silencio. El miércoles en un breve comunicado, en su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento de las 39 per­sonas migrantes extranjeras y ayer twitteó que “visita los hospitales locales para veri­ficar el estado de salud de las personas migrantes hospita­lizadas”.

Sin embargo, los senado­res y diputados de oposición exigieron la renuncia del titular del INM, Francisco Garduño y exigieron una in­vestigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

ricardodelmuros@hotmail.com