SOCIEDADHORIZONTAL

Crisis en materia migratoria

Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum

Un total de 39 migrantes per­dieron la vida y 28 resultaron heridos, debido a un incendio ocurrido la noche del lunes 27 de marzo. Los hechos ocurrieron en una estación del Instituto Nacional de Migra­ción (INM) en Ciudad Juárez. Los reportes oficiales indican que un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guate­maltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos fueron víctimas de este percance. A través de un video, se viralizó la forma en que durante el inicio del siniestro, los migrantes trataron infructuosamente de abrir una puerta para salir de la zona en que estaban confinados. Al momento de los hechos, del otro lado de la misma, se aprecia la presencia de dos funcio­narios del INM que se retiraron sin abrirla.

El primer mandatario, Andrés Ma­nuel López Obrador lamentó la muerte de migrantes, aunque también responsabili­zó a algunos de ellos del incendio, tras afir­mar que, “como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas…les pren­dieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”. El terrible acontecimiento generó que de inmediato algunas autoridades buscaran deslindarse de la responsabilidad. El secretario de Go­bernación, Adán Augusto López, sostuvo que, aunque “formalmente” es la Segob a su cargo, la encargada de coordinar la política migratoria en el país, existe “un acuerdo al interior del gobierno” federal en el que se asigna dicha tarea a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En respuesta a los dichos de Adan Au­gusto, el canciller Marcelo Ebrard, señaló: “cada cual debe hacer lo que le correspon­de”, y se pronunció por dejar cualquier “consideración de índole política” para otro momento. Adicionalmente infor­mó que “los responsables directos de los hechos -fueron- presentados ante la Fis­calía General de la República” y convocó a embajadores y cónsules de los países de origen de las víctimas a fin de coordinar las gestiones para la atención de lesionados, repatriación de los afectados y definir los pasos a seguir. Posteriormente, la propia SRE aclaró que el supuesto acuerdo inter­no había sido suspendido.

Reacciones, críticas y cuestionamien­tos no se hicieron esperar. La Conferencia del Episcopado Mexicano denunció que las estaciones migratorias del gobierno fede­ral “no son albergues”, sino prisiones -con celdas y barrotes- en las que se criminaliza la migración irregular. El secretario gene­ral de la ONU, Antonio Guterres, pidió una exhaustiva investigación del incendio ocurrido en las instalaciones del Instituto. Integrantes de los grupos parlamentarios de oposición, exigieron la renuncia inme­diata de Francisco Garduño como titular de la dependencia en cuestión. Incluso figuras relevantes de la 4T como Epigme­nio Ibarra, cuestionaran la política pre­valeciente en esta materia: “Si migrar no es delito, como lo ha dicho una y otra vez López Obrador; ¿por qué entonces el INM tenía detenidos a estas y estos migrantes?”.

Aún cuando el gobierno de Estados Unidos expresó sus condolencias a los fami­liares de las víctimas del incendio del centro de detención de migrantes, ofreció asisten­cia para investigar la tragedia y declaró que admitirá a los heridos para que reciban tra­tamiento en ese país, la crítica hacia dicho país empieza a crecer. Cabe recordar que ha sido precisamente, debido al convenio establecido desde la era de Donald Trump, que México funciona en los hechos como “tercer país seguro”. Es decir, aquellas per­sonas que abandonaron su país de origen, se mantienen en territorio mexicano, en tanto reciben asilo o reasentamiento permanente en otro país, en este caso, quienes intentan quedarse en Estados Unidos.

Más allá de que este tema empieza a ser utilizado como instrumento para el “golpeteo” político entre los aspiran­tes presidenciales de Morena, en torno a la sucesión presidencial, la desgracia de 39 personas que perdieron la vida y otras tantas que resultaron heridas, deja claro que la política migratoria presenta importantes retos y severos riesgos en materia de derechos humanos. México no cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente para atender a las miles de personas que han quedado “varadas” en suelo mexicano. De no atenderse el tema con mayor seriedad, recursos y visión, se corre el riesgo de que este desafortunado tipo de eventos, se repitan con frecuencia.

Es indispensable tomar cartas en el asunto, profundizar en la materia y desa­rrollar una política bilateral mucho más sostenible. La #SociedadHorizontal tiene en sus manos la oportunidad de empujar el tema migratorio, como un pilar en la construcción de una nueva relación con nuestro vecino del norte.

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