Otra promesa de desarrollo en el sur
Alejandro Moguel/Ultimátum
El gobierno federal mexicano ha dado a conocer un proyecto que a simple vista parece interesante. Se trata de la configuración de seis polos de desarrollo en la ruta transístmica de lo que se ha dado en llamar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec cuyos proyectos de inversión privada tendrán atractivos incentivos fiscales, agua suficiente, exención de impuestos, consultas indígenas ya realizadas y nula afectación a áreas naturales protegidas.
La Secretaría de Economía (SE) Raquel Buenrostro informó que el paquete está conformado por una depreciación acelerada durante los primeros seis años, una exención del IVA en transacciones al interior de los polos y entre éstos durante los primeros cuatro años.
Buenrostro anunció la exención a 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción de 50%, y hasta 90% en función de otras variables que sean indicativas comprobables del número de puestos laborales creados. Esto último, garantizará la creación de empleos en esa región del sur de México lo cual, a su vez, generará desarrollo y progreso en los pueblos del área.
Se ha filtrado información reveladora de que la Secretaría de Economía publicará esta semana la licitación de seis de los 10 polos de desarrollo localizados en los Estados de Oaxaca y Veracruz.
Se está haciendo en el último tramo del mandato de Andrés Manuel López Obrador y se trata de poner en marcha el plan para desarrollar en unos 100 días al Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más rezagadas del país.
En par de días, sino es que hoy miércoles mismo, serán publicadas las bases para licitar los primeros seis de los diez polos de desarrollo de los Estados de Veracruz y Oaxaca que conforman el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Se trata de una batería de incentivos que van desde la exención de impuestos hasta la garantía de agua y de autorización de las comunidades. Con ello, el Gobierno federal busca convencer principalmente a empresas importadoras para que apuesten por la franja más estrecha del territorio en el sureste mexicano.
Los paquetes de estas seis primeras zonas están en Veracruz y Oaxaca, dos de estos, en zonas portuarias. Las empresas que ganen la licitación tendrán potestad en el terreno por un periodo de dos años con posibilidad de una prórroga de cinco años más.
Después de ese periodo, si los licitantes han acreditado que han invertido en el terreno, podrán iniciar el proceso de compra para ser dueños del proyecto. De lo contrario, el Gobierno podrá revocar la concesión y volver a subastarla.
Periódicos extranjeros, como el País, han dado importancia a esta información y han interpretado como que la licitación ha sido el camino elegido por este Gobierno para atraer a compañías automotrices y a firmas que ahora están importando aparatos electrónicos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos y agroindustriales.
“Esta franja de desarrollo se puede convertir, en algún momento, tan importante como ahorita lo es la Frontera Norte. Con el tiempo, si esto se desarrolla, podríamos tener igual aquí un sistema fiscal preferencial”, indicó Buenrostro en una conferencia de prensa ante las probables licitantes el lunes reciente.
Entre los incentivos fiscales que ofertarán a las empresas, figura el descuento del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros tres años de operación y del 50% en los tres años posteriores, pero si las compañías superan las metas de empleo, el descuento fiscal podrá ser hasta del 90%. Además, las operaciones que se hagan al interior de los polos no pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante cuatro años.
La titular de Economía hizo hincapié en que en el sureste hay suficiente agua. Adelantó que en pocos días, el Gobierno federal cerrará aún más la posibilidad de conceder cesiones de agua en el norte y bajío del país.
“En próximos días va a salir una publicación oficial donde en estos lugares donde no haya agua, se van a dar únicamente concesiones exclusivamente con autorización del presidente. No van a haber concesiones nuevas. ¿Por qué? Porque no hay agua y la prioridad es la gente. Si ahorita (las empresas) ya tienen concesiones no hay problema, pero sí requieren mayor volumen, ya no va a haber más autorizaciones”, mencionó.
Por su parte, la titular de la Unidad Jurídica de Economía, Araceli García agregó que los diez polos mencionados ya tienen acreditada su consulta indígena y la propiedad federal, y no están en áreas naturales protegidas.
Esas áreas tienen servicios educativos, poblaciones cercanas y uso de suelo industrial. Tampoco hay riesgos de problemas colaterales porque la Secretaría de Economía les acompañará en las gestiones de los trámites legales correspondientes, apuntó.
Entre los terrenos a licitar se encuentran aquellos que tienen salida hacia el puerto de Coatzacoalcos, hacia el de Veracruz y al puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
En el proceso de análisis de las propuestas se tomará en cuenta que sean inversiones nuevas, así como el número de empleos y nivel de salarios.
“Una vez que termine el proyecto hasta su fase de no retorno, es decir, hasta el punto en el que la inversión debe continuar si no se consideraría una pérdida total, es el caso en el que se puede adquirir el bien en propiedad y ya dejaría de ser un inmueble federal para ser un inmueble propiedad del licitante ganador”, detalló.
Suena muy interesante todo el proyecto. Ojalá y haya grandes empresas que se interesen por esas ofertas de exenciones de impuestos y otras facilidades burocráticas a efecto de que se obtengan los pretendidos beneficios sociales.
Otra cosa: se cree que la demanda de mano de obra beneficiará a habitantes de los estados cercanos como Chiapas y Tabasco. Que así sea.
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