¿Legalidad o voluntarismo?
Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum
La semana pasada se presentaron distintos acontecimientos que dan cuenta de la fragilidad que vive eso que entendemos como “Estado de Derecho”, entendido éste como la condición política que implica que toda persona esté sujeta a la ley, incluidas aquellas que son legisladores, los encargados de ejercerla y los jueces. El Estado de Derecho define que cualquier acción debe estar sujeta a normas. De esta forma, el “marco jurídico preestablecido” orienta el funcionamiento social y gubernamental, delimita la actuación de cada quien e incluso establece los mecanismos que posibiliten su propia evolución.
La SCJN resolvió nuevamente en torno a los proyectos legislativos de la 4T. Los ministros dio la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) e invalidaron el decreto presidencial con el que se buscaba mantener “reservada” la información relacionada con las obras prioritarias del actual gobierno. “Por vulnerar el derecho de acceso a la información”, el pleno de la Corte declaró inconstitucional la disposición que clasificaba las grandes obras del Gobierno como parte de la “seguridad nacional”. De esta forma, con ocho votos a favor y tres en contra —de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— el alto tribunal invalido el acuerdo aprobado por el Ejecutivo que blindaba la información de proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas.
Cinco horas después de estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió y publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que reitera que son de seguridad nacional e interés público no solo las obras, sino el funcionamiento, la operación y el mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos Palenque, Chetumal y Tulum. El INAI anunció que presentó un nuevo recurso de queja ante la SCJN contra el segundo decreto presidencial que insiste en “blindar” la información relacionada con sus proyectos prioritarios.
López Obrador ha defendido que el acuerdo busca evitar trabas burocráticas y amparos. En consonancia, Claudia Sheinbaum tuiteó “Cuál es la razón para anular el decreto del presidente para las obras prioritarias? ¿Es de verdad razón jurídica? O más bien el objetivo es parar las obras. Me inclino por la segunda”. Por su parte, analistas como Luis Carlos Ugalde escribieron en la red que: “Publicar un decreto para evadur una sentencia de la SCJN es desacato. Eso hizo @lopezobrador_ hoy. La Corte le dice que es inconstitucional reservar información de sus obras prioritarias y horas después publica un nuevo decreto (más acotado) pero que dice lo mismo”.
En resumen, por muy legítimas que sean las razones que esgrima el gobierno, para limitar el acceso a la información relacionada con recursos públicos, la Constitución y las leyes se encuentran por encima de los deseos voluntariosos de unos cuantos funcionarios. Desafortunadamente, la semana pasada hubo otros ejemplos de este tipo de actuar.
Por un lado, la toma de las instalaciones que realizaron las fuerzas armadas a tres tramos de Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec, propiedad de Grupo México (GM), por considerarlos de utilidad pública. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que se trate de una expropiación, “pues es una ocupación temporal”. Aún cuando GM no ha fijado posición pública aún, sus acciones ya perdieron 4.1% de su valor en la BMV. Mientras tanto, el CCE declaró que habrá efectos negativos pues el decreto daña la certeza jurídica.
Por otra parte está la discusión en torno al departamento de General Secretario, mismo que fue adquirido a un monto inferior a su precio de mercado a una empresa que también es contratista de la SEDENA. Ante los señalamientos de un posible “conflicto de intereses”, el presidente López Obrador defendió al funcionario, le reiteró su confianza y limitó a considerar que se trata de una campaña de desprestigio proveniente de Estados Unidos. En lugar de solicitar una investigación sobre el tema, parecería que la simple opinión presidencial, garantiza el cumplimiento de la ley.
Sirvan estos estos ejemplos para reiterar la confusión imperante. En un país de leyes, no basta con la buena voluntad, deseos u opiniones de las autoridades, hay que cumplir lo que la Constitución establece. De ello depende la viabilidad del Estado e incluso la paz social. Es fundamental que la #SociedadHorizontal procure que estos principios imperen en todo momento.
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