No a los violentadores en cargos públicos

Sarah Valenzuela/Ultimátum

TGZ

Adriana Bustamante, dipu­tada federal por Chiapas, ase­guró que desde el Congreso de la Unión, buscan imple­mentar que, una persona que se mantiene como deudora alimentaria no tenga opor­tunidad de participar como aspirante de cargos de elec­ción popular.

“Estamos también en la Cámara para volverlo una si­tuación constitucional, que quienes estén registrados en el padrón de violentadores, en el registro nacional de vio­lentadores, como violenta­dores, acosadores y deudores alimentarios no puedan tener un cargo de elección popular”.

Las personas que son acu­sadas de no pasar pensión ali­menticia a sus hijas o hijos, no deberían de ser aspirantes a cargos de elección popular, sin embargo, en Chiapas se han dado casos de personajes políticos que han sido denun­ciados por diferentes tipos de violencia de género y que per­manecen en el poder.

La legisladora dijo que si una persona no es capaz de hacerse cargo de sus propias obligaciones familiares, o que es violentador o acosador, no debería de representar a la ciudadanía.

Lastimosamente la ley conocida como ley tres de tres, exige que haya una sen­tencia firme por parte de un juez, para no afectar los de­rechos políticos de personas que se encuentran bajo in­vestigación por estos delitos, como acoso sexual, violencia de género, deudor alimenta­rio por citar algunas.