El Congreso de Estados Unidos publicó el año pasado (16 de junio de 2022) la última actualización del Informe sobre el Crimen Organizado en México, donde identificó 12 grupos criminales, destacando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, que operaban en casi todos los estados, exceptuando a Chiapas, Yucatán y Campeche.
Sin embargo, los recientes hechos violentos que han ocurrido en el municipio de Frontera Comapala, muestran que la disputa territorial que sostienen los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, ha llegado a la frontera chiapaneca.
A semejanza de otras poblaciones del país que están bajo el control del narco, los habitantes de la localidad Joaquín Miguel Gutiérrez (Quespala), armados de piedras y palos, trataron de impedir el paso de un convoy integrado por cerca de mil policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que se trasladaba a la cabecera municipal de Frontera Comalapa.
De acuerdo a la información de Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso, el convoy de fuerzas federales y estatales salió la madrugada del martes de la base militar de Comitán y se enfilaron hacia el municipio de La Trinitaria para luego bajar a la zona del municipio de Frontera Comalapa, centro de la disputa territorial que, desde hace dos años, mantienen dos grupos del crimen organizado.
Tras los enfrentamientos que se recrudecieron desde el martes 22 de mayo, las fuerzas federales y estatales fueron enviadas a Frontera Comalapa, pero al pasar Chamic y antes de llegar a la cabecera municipal, el convoy miitar ingresó a una vía rural que conduce a la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez.
Al llegar, los pobladores que portaban palos, piedras, tubos, varillas y bates de beisbol, atravesaron un camión y cerraron el acceso a esa comunidad. De inmediato, los uniformados de la Guardia Nacional y de la policía estatal sacaron su equipo antimotín, y sonando sus toletes con sus escudos empezaron a avanzar mientras los hombres y mujeres encapuchados les lanzaron piedras y palos. Ante esto, los policías estatales empezaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno que en muchos casos fueron devueltas por los pobladores.
Hay que destacar que este tipo de resistencia de población es característica de las zonas que están controladas por el crimen organizado en otras partes del país, que incluyen vigías a la entrada y salida de carreteras, “orejas” en gasolineras.
Se presume que los habitantes de esas poblaciones están amenazados o son extorsionados por los criminales, quienes recurren a levantones, secuestros y ejecuciones de personas, para lograr la obediencia de la población mediante el terror.
El informe “México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, ha identificado a 12 organizaciones que están en disputa por el territorio en practicamente todo el país. Se trata de siete agrupaciones “tradicionales”: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y cinco más “modernas”: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios, el Cártel del Noreste, los Viagra y los Rojos.
Según un mapa integrado en el informe, el CJNG es el grupo con más presencia en el país, pues controla Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y Querétaro; mientras el Cártel de Sinaloa es dominante en Sinaloa y Durango. Ambos cárteles están en disputa en entidades como Quintana Roo, Baja California, Sonora y Zacatecas, lo que ha acentuado la violencia en esas entidades.
La tercera organización criminal con más presencia en el territorio nacional es el Cártel del Golfo, que controla practicamente todo el este, exceptuando algunos estados cercanos al Caribe mexicano.
Además de disputas entre las grandes organizaciones criminales en el país, una gran parte de la violencia en el territorio nacional es generada por batallas internas y entre grupos disidentes, los cuales a pesar de mantener el control sobre determinadas regiones, no poseen el poder suficiente para enfrentarse a las autoridades gubernamentales o realizar actividades ilícitas de manera transnacional.RDM