Señal de alerta
Amet Samayoa Arce/Ultimátum
Hay una preocupación que da vueltas y vueltas en la cabeza a la mayoría de los mexicanos: la participación de la delincuencia organizada en las elecciones de 2024. Los tentáculos de los criminales se han ido apoderando de las posiciones políticas, con el propósito de alimentarse financieramente de los cargos en el gobierno y básicamente de tener picaporte y salvo conducto para sus operaciones. De esa manera hacen cada vez más fuerte su imperio y obtienen garantía de impunidad para realizar sus actividades ilícitas. El desasosiego ciudadano por este fenómeno es general, pues ya se ha manejado información en diferentes medios nacionales, en el sentido de que durante las jornadas comiciales los malhechores amenazan a los votantes para que sufraguen por tal o cual candidato, de acuerdo a sus intereses. Asimismo, la clase política se inquieta porque en procesos anteriores han ocurrido ejecuciones de candidatos y líderes partidistas, así como desapariciones y secuestro de actores y operadores políticos en la víspera y el día de la jornada comicial.
DESASOSIEGO RUMBO AL 2024
Tal es el caso del último proceso 2020-2021 en el que se registraron 102 homicidios dolosos contra políticos, de los cuales 36 habían sido postulados o aspiraban a un cargo de elección popular, principalmente por partidos de oposición al régimen actual.
Algunos estudios de firmas especializadas en el tema señalan que el crimen organizado financia campañas, intimida y coacciona a ciudadanos y operadores políticos, con tal de salir favorecidos. Las elecciones de 2024 están ante la encrucijada de que el crimen organizado se politice o los comicios se criminalicen. De cualquier manera, México sufriría la irrupción de un narco Estado que traería consecuencias muy lamentables para todos sus habitantes. Esa es la gran preocupación. México no puede estar expuesto a que los candidatos postulados por los partidos políticos sean afines al crimen organizado, y, ante tal riesgo, es necesario que los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y las cámaras locales se pongan de acuerdo para reglamentar en la materia y poner un alto a tal situación. Si no se controla, es muy probable que, a partir del 2024, la delincuencia tenga el dominio de algunos gobiernos municipales, estatales y muy probablemente invadan la esfera nacional. En Chiapas ya se empiezan a sufrir los estragos de este flagelo. Por ejemplo, el secuestro de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) es una señal de alerta, porque estos grupos quieren mantener como rehén al estado. Ese es el más reciente caso que desnuda la realidad que se experimenta en nuestro entorno.
DE TAROT Y ADIVINANZA
Será cierto que la diputada Patricia Armendáriz ya se conformó con repetir color y número en el Congreso de la Unión. El Senado le queda lejos y mucho más la gubernatura. La cómoda posición que ostenta no le complica para acercarse al electorado, menos aún al de la Selva Lacandona… Servidos.
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