Limitado para sancionar

Se requiere una reforma que le dé más facultades al árbitro local, señaló la presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez; “Necesitamos el acompañamiento de las autoridades que tiene a su cargo la seguridad pública”

Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum

TGZ

Al Instituto de Elecciones y Par­ticipación Ciuda­dana (IEPC) del estado de Chiapas le preocu­pan los temas de la violencia en 13 municipios, las campa­ñas anticipadas que no pue­de sancionar y la falta de una reforma en materia electoral.

Entrevistada por Amet Samayoa Arce, director ge­neral del diario Ultimátum, y el analista político Alejandro Moguel, la consejera presi­denta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Do­mínguez, señaló que ha te­nido acercamientos con las secretarías General de Go­bierno y la de Seguridad y Protección Ciudadana, para establecer una mesa de segu­ridad en este año.

SITUACIÓN PREOCUPANTE

El problema de la violen­cia, aseguró, es una agenda que no se ha dejado atrás y debido a la importancia del tema la mesa que se había pro­puesto para enero del próxi­mo año, muy probablemente se puedan adelantar, con el propósito de analizar todos los temas, los focos rojos y las situaciones que les preocu­pan, pero que como IEPC no pueden hacerlo solos.

“Necesitamos el acompa­ñamiento de las autoridades que tiene a su cargo la segu­ridad pública, la gobernabi­lidad, y hay mucha voluntad para hacerlo. Yo hago votos porque muy pronto la este­mos instalando para darle el seguimiento correspon­diente desde esa trinchera”, indicó la funcionaria.

Dijo que las elecciones extraordinarias se tienen pendientes en los munici­pios de Frontera Comala­pa y Honduras de la Sierra, donde no se pudieron llevar a cabo las jornadas comiciales en el proceso pasado.

Independientemente de esas localidades se tienen identificados 11 municipios más, como tentativos focos rojos, con los cuales se suma­rían 13 localidades en total.

CAMPAÑAS ANTICIPADAS

Vila Domínguez con­sideró que el régimen san­cionar, sin duda, es un gran tema, porque a todas luces es evidente que el esquema nacional impacta también en el estado.

“Hemos tenido visitas de las personas que están participando en ese proce­so que anunció Morena, de elegir a su representante de la defensa de la cuarta trans­formación a nivel nacional.

“Los medios señalan que son actos anticipados, pero estos están previstos en la ley. Para el esquema federal es en noviembre de este año y la propia norma define a la precampaña como el espa­cio donde los partidos polí­ticos prevén sus estrategias para elegir a sus candida­tos”, explicó.

Esa temporalidad, agre­gó, es en noviembre de este año y a nivel estatal es hasta febrero de 2024.

Sin embargo, se ha visto mucha actividad y demás que pudiera decirse que es­tá al margen de la ley, “sí y no, porque al darle el ses­go de que es la elección de una coordinación, pues no  es formalmente una can­didatura y hasta ahorita la norma estricta y los criterios jurisdiccionales nos dicen que mientras no se hable de candidato o candidata y pe­tición formal del voto, no es posible identificar o que se configure formalmente un acto anticipado de campa­ña”, recalcó.

Junto con esto, indicó, está la campaña personali­zada de quienes al ser servi­dores públicos sí tienen una restricción constitucional. “Ahí es donde el IEPC de Chiapas tiene hasta ahorita 70 quejas”.

Señaló que sí han visto a personas que son servidores públicos que están utilizan­do esos escenarios y lo que salvaguarda la Constitución es que el principio de equi­dad no se rompa en procesos electorales y previo a ellos.

“Hemos sancionado a cinco personas que están al servicio público en este año, diputados federales, senadoras, senadores y el 29 de junio aprobamos una resolución donde decreta­mos responsabilidad admi­nistrativa al integrante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje federal”.

Recalcó que en el IEPC tienen la firme convicción de no permitir violaciones de la normatividad electoral, para no romper el principio constitucional de equidad en las posibles contiendas.

Principalmente, añadió, la salvaguarda del Artícu­lo 134 que establece que el espacio del servicio públi­co no sea utilizado como un medio para posicionar y generar ventajas indebidas y que eso genere una inequi­dad ante una persona que no está dentro del mismo, que quiera ser candidata o candidato.

REFORMA NECESARIA

Pidió una reforma en el régimen sancionador y lla­mó a legisladores y legisla­dores para que les den más facultades para sancionar a funcionarios, porque hasta ahora solo pueden decretar responsabilidad de que al­guien sí violentó la norma, pero tienen que darle vista a su superior jerárquico.

Dijo que en el caso del Congreso del Unión hay un tema que resolver, porque si en todo caso saben que no va a pasar nada, por eso se ge­nera una continuidad y re­petición de conductas, pues a pesar de los esfuerzos que hace el IEPC para decretar esas responsabilidades, no existe una sanción de ma­nera formal.

Esta es una norma supe­rada por la realidad y ahori­ta es necesario que se hagan adecuaciones al respecto.

Mencionó que, a princi­pio de año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa­ción ordenó que se haga un registro nacional de las per­sonas que son sancionadas.

“El INE tiene el registro nacional de las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, pero el TEPJF tiene el registro de personas sancionadas por violentar la normatividad electoral en el otro sistema”, señaló.

En este sentido, afirmó que la Sala Superior ha re­iterado que en caso de que alguien que fue sancionado y esa sanción quedó firme en tribunales, si se va a re­gistrar como candidato o candidata no puede hacerlo.

“Hemos hecho mucho el llamado a quienes están en el servicio público que espe­ren los tiempos, porque son las reglas que nos rigen co­mo sociedad y el IEPC tiene la facultad de hacer valer ese respeto a la normatividad”, indicó.

Manifestó que ya tienen su propuesta de reforma trabajada en reuniones con las representaciones de los 14 partidos políticos regis­trados, y este viernes 14 de julio la van a presentar ante el Congreso del Estado para que el Poder Legislativo la reviese dentro de sus facul­tades.

LA AGENDA

Aseguró que ya están trabajando el proyecto del calendario electoral, que saldría en unos dos meses más, porque están en es­pera de que el INE pueda homologar algunos plazos de precampañas y algunos temas de candidaturas in­dependientes.

Una vez que se tenga todo listo se difundirá para que lo conozca toda la ciu­dadanía, para tener la cer­teza de las fechas exactas, entre ellas la separación de quienes quieran contender para un cargo de elección popular o vayan en elección consecutiva.

El 30 de mayo, informó, fue aprobada en el Consejo General la convocatoria pa­ra la integración de los con­sejos distritales y municipa­les del Instituto, que serán formados por ciudadanas y ciudadanos encargados de llevar a cabo la elección constitucional.

Dijo que el próximo 16 de agosto empezarán los registros formales a través del sistema que ha imple­mentado el IEPC desde su plataforma digital. “No hay intermediarios. No hay me­diadores para ello, para que no se deje sorprender la ciu­dadanía. Es directamente con el Instituto”.

Señaló que no hay nin­gún otro medio, a efecto de que la ciudadanía interesada no facilite información per­sonal ni su documentación por otro medio. Todo tendrá que ser a través del sistema que se habilitó para ello.

Informó que están de ca­ra a unas posibles reformas estatales, pues ya le han in­formado del Congreso local que a finales de julio o prin­cipios de agosto se aprueben algunas modificaciones en materia electoral. “Estamos atentos y pendientes sobre lo que decida el Poder Legis­lativo en ese sentido”.

Indicó que la semana pa­sada se llevaron a cabo las consultas en materia indíge­na que le ordenó al Congreso la Suprema Corte de Justi­cia de la Nación, con la in­validez que realizó en 2020 en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Afirmó que están pen­dientes de lo que haga el ór­gano legislativo, para hacer todas las modificaciones respecto a la normatividad que tendrán que adecuar, de cara al proceso electoral.

En ese sentido, puso co­mo ejemplo los reglamentos de paridad, de las candida­turas independientes y el de acreditación de partidos políticos nacionales y esta­tales, así como los registros de candidaturas, los topes de campaña y el financia­miento público.

Precisó que de acuerdo a lo que defina el Congreso, a partir de agosto ya tienen una calendarización para hacer todos los trabajos en mesas con las representa­ciones de los partidos, por­que para diciembre deben tener todo listo, con la fina­lidad de garantizar que con esas reglas se va a enfrentar el proceso.

No descartó que las re­formas puedan modificar las fechas para llevar a cabo el proceso de elección local, pero hasta este momento es seguro que las actividades empiecen a partir de la se­gunda semana de enero de 2024.

En otro tema, informó que el INE muy probable­mente emita la convocatoria en el mes de agosto o me­diados de septiembre para elegir a la nueva presidenta y tal vez a finales de año se tenga a una nueva presiden­ta designada.

El otro escenario es que no se emita la convocatoria y hay la posibilidad de que se mantenga en el cargo hasta después del proceso local, comentó.