Panorama alarmante por violencia

De acuerdo a informes del Frayba, durante el período comprendido entre 2020 y 2022 se ha evidenciado un fenómeno que ha llevado a la expulsión masiva de comunidades enteras en diferentes regiones

Juan Leyva/Ultimátum

TGZ

En los últimos años, el estado de Chia­pas ha sido testigo de un preocupante aumento en el tráfico y con­sumo de drogas, así como en los índices de homicidios, fe­minicidios y desapariciones. Además, se han impuesto toques de queda en diversas regiones debido a las constan­tes agresiones armadas contra comunidades enteras. Estas preocupantes situaciones han sido alertadas en el informe “Chiapas un desastre”, presen­tado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Según el informe del Fray­ba, durante el período com­prendido entre 2020 y 2022, se ha evidenciado un fenóme­no de violencia que ha lleva­do a la expulsión masiva de comunidades enteras en di­ferentes regiones de Chiapas. Entre 2018 y 2022, más de 12 mil personas han sido despla­zadas de forma permanente e intermitente en las regiones de Altos, Norte y Zoque.

El Frayba destaca que ha documentado el desplaza­miento de 3,499 personas del municipio de Aldama, 5,023 personas de Chalchihuitán, 3,200 habitantes de los muni­cipios de Pantelhó y Chenalhó, 87 personas del ejido Guayabal Esquipulas del municipio de Chapultenango, y 250 perso­nas del ejido Santa Martha del municipio de Chenalhó, du­rante el período mencionado.

No obstante, el Centro de Derechos Humanos resalta que, desde 2010 hasta octubre de 2022, se ha registrado el des­plazamiento forzado interno de al menos 16,755 personas. Ade­más, se menciona que, desde 2021 hasta la fecha, unas 2,000 personas (400 familias) han abandonado sus comunidades en la zona fronteriza con Gua­temala debido a la violencia ge­nerada por la disputa territorial de grupos criminales.

En el contexto analizado en el informe, el Frayba subraya que la crisis pandémica agravó el racismo estructural y la dis­criminación, evidenciando la marginación, los altos índices de pobreza y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos en las zonas afectadas. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado a tomar medidas específicas, como garantizar la disponibilidad de datos des­glosados sobre los pueblos ori­ginarios, incluyendo tasas de infección, mortalidad, impac­to económico, carga de aten­ción y violencia, especialmente la violencia de género.

La situación en Chiapas es alarmante y requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades y la sociedad en general. La violencia, el despla­zamiento forzado y la vulnera­ción de los derechos humanos no pueden ser tolerados, y es necesario implementar me­didas concretas para proteger a las comunidades afectadas y garantizar la seguridad y el respeto de sus derechos fun­damentales.

El gobierno federal, en colaboración con los gober­nadores de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, continúa trabajan­do para alcanzar un acuerdo que resuelva de manera justa y pacífica esta larga disputa limítrofe en la región de los Chimalapas.