Partidos, filtros no coladeras

Nadie quiere un agresor sexual que pueda ser gobernador, pero tampoco a un criminal como director de una escuela; los transgresores sufrirán una muerte civil y política, porque quienes eran intocables ahora no podrán tener cargo, comisión o empleo, señalaron la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales y la politóloga Yndira Sandoval

Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum

TGZ

Los partidos políti­cos tienen que ser el primer filtro de confianza en la apli­cación de la Ley 3 de 3 y no una coladera cómplice que den boleto de participación y abran la puerta a deudo­res alimentarios, agresores o acosadores sexuales, coin­cidieron en señalar la dipu­tada federal Olga Luz Espi­nosa Morales y la politóloga Yndira Sandoval.

Entrevistadas por los analistas políticos Enriqueta Burelo y Alejandro Moguel en los estudios del diario Ul­timátum, las especialistas en temas de género pidieron al Congreso del Estado que abran un período extraordi­nario de sesiones, específi­camente para la aprobación y la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia, para su aplicación en el proceso electoral de 2024 en el ám­bito local.

Yndira Sandoval manifes­tó que esta ley está en el máxi­mo nivel jurídico de nuestro país para suspender dere­chos políticos y ciudadanos a quien sea deudor de pensión alimenticia, delincuente se­xual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y agresor en el ámbito público, político y pri­vado, pero que quiera aspirar a un cargo público.

Manifestó que estamos en la antesala del proceso electoral 2024, en el cual se van a renovar 30 mil cargos. “Ahora multipliquen cuántos candidatos van a haber de to­dos los partidos políticos”.

Todos ellos, explicó, no pasaban anteriormente por un tamiz para saber si eran deudores, agresores o acosa­dores.

Esta Ley, dijo que aplica para la función pública, los cargos de elección y también para los órganos autónomos, tales como jueces, magistra­dos, rectores de universida­des y comisionados de dere­chos humanos, entre otros. “Es decir, nadie al amparo del poder podrá estar ahí nuevamente si viola un de­recho en lo privado o en lo público”.

“Queremos que Chiapas no se quede afuera ni se que­de atrás, que haya un marco jurídico local que le dé cer­teza desde la Ley Orgánica Municipal para la función pública, desde la Ley de Procedimientos Electorales para los cargos que se van a elegir en 2024, pero también la Ley Orgánica del Poder Judicial y todos los niveles y órganos de gobierno que requiere Chiapas, para que no haya ningún agresor en el poder”, subrayó.

Manifestó que, actual­mente, con estas reformas ya estarán mandatados en el Tribunal Superior de Justicia para generar un mecanismo de verificación y validación, junto con las autoridades electorales, administrativas, pero también judiciales elec­torales, el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Jus­ticia y la Fiscalía General del Estado.

“Los partidos políticos tienen que ser el primer filtro, tienen que llevar a los mejores hombres y a las mejores mu­jeres al frente, y ellos tienen que ser el filtro de confianza, no una coladera cómplice que den boleto de participación y les abran la puerta, a sabien­das de que tengan estos ante­cedentes”, dijo.

A su vez, la diputada fede­ral Olga Luz Espinosa Mora­les, afirmó que en el caso de Chiapas existen tiempos fa­tales, “porque nosotros tene­mos un proceso electoral que inicia en enero del siguiente año. Entonces el Congreso local tiene hasta el 30 de sep­tiembre para armonizar esa Ley 3 de 3 que también tiene que estar en nuestra Consti­tución”.

Si bien es cierto que exis­te la reforma constitucional a nivel federal, señaló que lo idóneo es que en la carta magna local también estén incluidas las nuevas normas.

“El problema ¿cuál es? que el Congreso local ya está en receso, tendrían que abrir un periodo extraordinario de sesiones para que antes del 30 de septiembre esto pueda ser una realidad”, comentó.

Precisó que anteriormen­te los requisitos de idoneidad eran solamente un acto de buena fe y ahora es la obliga­ción constitucional de todas las instituciones a garantizar que exista el registro de per­sonas agresoras sexuales, y que el padrón de deudores alimentarios funcione bien.

La 3 de 3 va más allá, afir­mó, porque nadie quiere un delincuente sexual que pueda ser gobernador, pero tampo­co a un agresor como director de una escuela, y en este caso la Ley no solamente aplica a los candidatos, sino a todos los puestos que tiene la admi­nistración pública en sus tres órdenes de gobierno.

“No queremos a ningún policía que sea tu primer res­pondiente, pero es un agresor y un acosador sexual, pues se trata de dignificar la política y la Ley 3 de 3 viene a dotar de ética a la representación pú­blica y a dar responsabilidad institucional”.

Explicó que es importan­te saber que un transgresor de esta ley no solo se quedará sin un cargo público electo­ral, sino más bien sufrirá una muerte civil y política, porque con la suspensión de derechos no podrá votar pero tampoco ser votado. No podrá tener cargo, comisión o empleo na­die de aquellos que se sentían intocables por ser amigos de algunos poderosos.