La influencia y peso del Presidente están por todas partes. Quiérase o no, aparece por todas partes por más que en algunas conversaciones termine por ser señalado y desacreditado, a veces con razón y otras sin ella.
Es algo que a lo largo de su historia política ha tratado de provocar y dinamizar. Nunca se había dado como ahora, porque a su triunfo legítimo se ha sumado una popularidad consistente que lo hace una constante en el imaginario colectivo.
Que el Presidente sea el centro de todo tipo de conversaciones no lo lleva en automático a ejercer como podría querer todo el poder. El país conserva equilibrios que son los que, en buena medida, han logrado la fortaleza de la legalidad, aunque en muchos casos traten de hacerla a un lado.
Sin el Estado de derecho en el centro, nuestros problemas serían brutales, a pesar de que en ocasiones se les trate de dar la vuelta a las leyes o se terminen por impugnarlas. Nos la hemos pasado bajo una narrativa consistente que busca desacreditar el marco del derecho de no ser que medien circunstancias en las que la aplicación de las leyes le resulte favorable y conveniente al mismísimo Presidente.
Es un hecho que muchos de los elementos constitucionales que nos rigen deben ser transformados. El gran reto que se viene en el corto plazo es cómo debemos hacerlo bajo una disyuntiva en la cual estamos hasta cierto punto atrapados. Estamos en una dinámica en que la sociedad va rebasando a las leyes que nos rigen.
Lo que está haciendo el INE ante el proceso electoral adelantado es una forma de tratar de adaptarse a las cosas, a sabiendas de que existen exigencias razonables respecto al desfase del marco legal. El Instituto está buscando no ser rebasado, pero como se están dando los escenarios, ha caído en un proceso reactivo que lo está obligando a materialmente tratar de alcanzar la dinámica de los partidos, más que a una aplicación estricta de sus responsabilidades.
La estrategia de la oposición en algún sentido terminó por ayudarle al INE, porque el hecho que hiciera algo parecido a lo que estaba haciendo Morena le quitó la responsabilidad de atacar directamente las irregularidades del partido mayoritario y del Presidente.
Se podría decir que en algún sentido al adelantarse el Frente terminó por tener las mismas irregularidades legales, lo que le pudo haber quitado presión al INE y, sobre todo, porque hay evidencias de la empatía entre algunos de los nuevos integrantes del Instituto y el Presidente; se evitaron incluso los adjetivos desde la narrativa mañanera. El problema para el Instituto es, y no dejará de ser, el hacerse valer en un proceso electoral adelantado cargado de irregularidades.
A pesar de escenarios como éste, lo que se ha visto en estos años tiene que ser valorado. Con toda la influencia y peso que tiene el Presidente no ha significado que puedan ser aprobados todos los proyectos que ha enviado al Congreso.
La elección del 2021 le dio un ligero reacomodo a la Cámara de Diputados. El resultado ya no le permitió al Presidente la misma capacidad de maniobra que en los tres años anteriores.
A esto se sumó que se trataron de imponer a como dé lugar las propuestas del Presidente. Si se hubieran cuidado las formas, muy probablemente muchos de los planteamientos presidenciales hubieran sido aprobados, algunos de ellos son pertinentes para el país en lo legal y en la cotidianidad del desarrollo político.
No sólo fueron las discusiones y votaciones. Los aparatos de justicia, señaladamente la Corte, han sido un factor para los equilibrios y la legalidad, por más que el Presidente y sus seguidores señalen inopinadamente a quienes instrumentan la justicia.
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