ESTRICTAMENTE PERSONAL

La tesorera de Adán Augusto

Raymundo Riva Palacio/El Financiero/Ultimátum

Adán August o López Hernán­dez ha colocado decenas de es­pectaculares en varias par­tes del país con su imagen, ha aparecido en portadas de revistas, figurado al frente de las encuestas presidencia­les, viajado por los estados y realizado mítines nutridos, en algunos de ellos gracias al dinero en efectivo para quienes asistan. De todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es quien más recursos ha mos­trado para promoverse.

Nada de ese dinero inver­tido ha salido de la tesorería de Morena, pues el exsecreta­rio de Gobernación rechazó los 5 millones de pesos que fijó el partido como apoyo para los aspirantes. Todo lo que gastaría en su campaña, anunció, saldría de su bol­sillo. Pero esto es un decir. López Hernández tiene am­plios recursos que llegan de diferentes partes, adminis­trados por su hermana Silvia, que por años ha manejado el dinero político de la familia.

No hay dinero que le pue­dan rastrear a López, quien reporta públicamente gas­tos inferiores a otros de sus adversarios. Maneja los re­cursos en la opacidad, que de acuerdo con personas que conocen su entramado eco­nómico, implica una red y un mecanismo muy eficiente pa­ra su caja política. Silvia, una muy capaz contadora públi­ca que tiene una facturera, es quien desarrolla la ingeniería financiera que le permite te­ner el flujo que financia sus aspiraciones políticas.

Silvia, que conoce al presi­dente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de tres décadas, comenzó a tra­bajar con él varios años antes que Adán Augusto, incluso, mudara sus afectos y lealta­des del PRI a Morena. Silvia fue tesorera del PRD en Ta­basco a mediados de los 90, cuando López Obrador era su presidente, y en ese tiempo conoció a Humberto Mayans Canabal, que en ese entonces era senador por el PRI, con quien se casó.

López Obrador se mudó a la Ciudad de México para en­cabezar el partido y comenzar su campaña para la jefatu­ra de Gobierno de la Ciudad de México, desde donde le ofreció a su colaboradora la candidatura a una diputa­ción federal a disputarse en el 2000. Razones personales impidieron que la aceptara finalmente, por lo que López Obrador se la dio a su herma­na Rosalinda, también conta­dora pública, que de manera fortuita arrancó de esa forma su carrera política.

Silvia no tuvo una aspi­ración en el ámbito públi­co, como su hermano Adán Augusto, que fue secretario general del PRI en Tabasco y coordinador de la campaña para gobernador del priista Manuel Andrade en 2000, o como su hermana Rosalinda, pero ciertamente la familia Hernández López fue la pla­centa de un núcleo de donde viene el nombre de Grupo Tabasco, con Adán Augusto a la cabeza.

Rosalinda, que también fue diputada local, senadora y finalmente administradora general de Auditoría Fiscal del SAT, un cargo que osten­ta hasta la fecha, está casada con el gobernador de Chia­pas, Rutilio Escandón –que apuesta por que su cuñado se quede con la candidatura de Morena–, y trabaja cerca de la oficina de Humberto Ma­yans Hermida, hijo del pri­mer matrimonio del esposo de su hermana Silvia, que es el administrador central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exte­rior del SAT. Su padre, Ma­yans Canabal, es actualmente miembro del Consejo de Ad­ministración de Pemex, y su hermano Fernando Mayans Canabal es director general del Instituto de Seguridad Social de Tabasco.

A diferencia de todos ellos, Silvia ha sido política­mente una persona circuns­pecta. No hay mucha infor­mación disponible sobre ella, que siempre se ha caracteri­zado por ser discreta y traba­jar en las sombras.

Por ello, pocas personas conocen que cuando su es­poso fue nombrado secreta­rio general de Gobierno de Tabasco por el gobernador priista Andrés Granier, le pusieron una oficina en esa secretaría, desde donde ma­nejaba en una especie de se­miclandestinidad, el factora­je y los cobros. No está claro qué destino tenía ese trabajo paralelo, que combinaba con el manejo de los dineros de sus hermanos. Trabajos si­milares siguió haciendo en el Congreso de Tabasco, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jai­me Lastra, por donde entran facturas por montos desco­nocidos de dinero, cuyo fin tampoco se conoce.

La opacidad en el finan­ciamiento de las campañas de las llamadas corcholatas ha estado en el centro de la dis­cusión prácticamente desde el inicio del proceso hace dos meses, con las quejas princi­pales del excanciller Marcelo Ebrard, que no ha dejado de denunciar gastos excesivos de sus adversarios. El sena­dor Ricardo Monreal identi­ficó específicamente hace un mes a Adán Augusto López Hernández como el aspirante presidencial de Morena que más recursos tiene, con ma­yor estructura y capacidad de movilización en sus mítines.

Para lograr esto, no basta tener los recursos, sino tam­bién apoyo en los estados. Varios gobernadores, con quienes fortaleció su rela­ción cuando fue secretario de Gobernación, lo han estado respaldando, como también lo han hecho con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los espectacula­res o dinero en efectivo que, se ha reportado en la prensa, le han llegado a dar a quienes asistan a sus mítines, tienen fuentes de financiamiento di­ferentes a lo que aportan los gobernadores.

En el cinismo de to­da la clase política que está construyendo candidaturas presidenciales y los vacíos legales existentes –porque a nadie se le ocurrió que tam­bién requerían leyes para los tramposos–, Adán Augusto se ha venido vacunando. Sus gastos, afirmó, salen de sus ahorros verificables –que no ha verificado–.

La clave para entender to­do el mecanismo es Silvia, la hermana mayor de Adán Au­gusto, responsable de la ar­quitectura del financiamien­to. En una simulación elec­toral como la actual, donde los candidatos presidenciales son candidatos a coordinar la defensa de la cuatroté, y las giras son recorridos, no está claro si al final de este proceso de apariencias, el Instituto Nacional Electoral podrá re­visar sus gastos, porque no hay una provisión en la ley que establezca reglas para procesos disfrazados, ni pa­ra sancionar a quien hubiera rebasado los topes estableci­dos porque, simplemente, no hay tope alguno ni regulación para lo que se está haciendo.