BALANZA LEGAL

La reconceptualización de la academia y el rol del Estado en la educación

Rodolfo L. Chanona/Ultimátum

El regreso a clases al ciclo esco­lar 2023-2024, inició con las controversias de los libros de texto gratuitos de nivel bási­co, a través de críticas por parte de espe­cialistas y miembros de la comunidad educativa, que los consideraron como “un retroceso”, debido a la reducción de contenidos en materias básicas como matemáticas, literatura y la inclusión de contenido ideológico. Estos libros forman parte del modelo educativo implementado por el gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado “La Nueva Escuela Mexicana”; sin em­bargo, la discusión de los libros de texto no es un tema nuevo o característico de esta administración federal.

El artículo 3º. Constitucional, que contempla el derecho a la educación, es uno de los dispositivos de la carta mag­na, que más modificaciones ha sufrido a lo largo de su historia, obedeciendo lamentablemente en la mayoría de ve­ces, a la direccionalidad impuesta por el régimen gubernamental en turno; toda vez, que, a través de este precepto normativo se ha venido sustentando las políticas educativas implementadas en la construcción de nuestro sistema educativo, ya sea centralizándolo o descentralizándolo, pero siempre de­pendiendo del proyecto nacional del momento.

Esta normativa constitucional, surgió de las exigencias expresadas en la Revolución, como parte de las aspira­ciones sociales que le precedieron. Sus antecedentes y evolución, se ubican y adquieren sentido, en las transiciones históricas de nuestro país; precepto constitucional que se ha reformado en 11 ocasiones, su primera reforma fue en el año de 1934, durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas y su última se realizó en el año 2019, con la actual administración federal.

Unas de las reformas constitu­cionales que nos permiten evidenciar de forma más clara la direccionalidad impuesta, son las reformas del año 2013 y 2019; por ejemplo, la primera fue con­siderada como bastante ambiciosa y controvertida, siendo Presidente Enri­que Peña Nieto, la cual estableció como premisa la “calidad en la educación”, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idonei­dad de los docentes y directivos, serían los componentes que garantizarían el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Y la del año 2019 se ha considerado como una contrarreforma, modificán­dose entre otros, el término “Calidad” por el de “Excelencia”, entendiéndo­se esta última, como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pen­samiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comu­nidad.

Del contenido de ambas reformas, podemos apreciar la direccionalidad impuesta para sustentar las políticas públicas educativas e ideológicas de dichas gestiones gubernamentales.

Nuestra Constitución, determina que la educación debe promover el co­nocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la téc­nica, las artes, la educación física y el deporte, con el fin de preparar para la vida y el trabajo y fomentar la solidari­dad; es decir, el Estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

Actualmente las políticas educa­tivas deberían tener como prioridad el desarrollo, ya que vivimos en una era eminentemente tecnológica, cuyos protagonistas son los tecnócratas, téc­nicos, científicos y toda persona cuya actividad profesional y laboral esté ín­timamente relacionada con industrias del conocimiento y actividades del pen­samiento productivo. Por tal razón, la educación mexicana, se debe desplegar en un proceso planificado, integrado y participativo de innovación tecnológi­ca, contando con el Estado, con el sector productivo y con la academia; lo que permitiría a mediano plazo, la transfor­mación radical del país, resolviendo los agudos problemas que se padecen en el ámbito social y económico.

Esta titánica tarea presupone para comenzar, reconceptualizar el queha­cer de la academia, el rol del Estado, los deberes y funciones del sector produc­tivo, ante la realidad de la innovación tecnológica y dejar de querer ideolo­gizar a la población de acuerdo a los proyectos políticos, que de nada ayuda al desarrollo del país.