Aunque legisladores de oposición en el Congreso del Estado de Tabasco insistieron en que el gobierno informe acerca del paradero de la nave que fue pagada en 45 MDP y no aparece, sus homólogos de Morena sepultaron el exhorto.
Gabriela Jiménez/Ultimátum
VILLAHERMOSA
El pasado miércoles los diputados locales de Morena y el PVEM avalaron desechar la propuesta del PRI para exigir a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría para el Desarrollo Energético, así como el Instituto Estatal de Protección Civil, que informen qué se ha hecho respecto del fraude del helicóptero adquirido en la administración pasada.
Al día siguiente el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jaime Humberto Lastra Bastar, calificó como una “vacilada” la solicitud, pues sostuvo que en todo caso es necesario pedir directamente a la Fiscalía General del Estado que entregue los datos que tenga, pero no en tribuna, sino acudiendo directamente a sus oficinas.
Hay que recordar que el 22 de diciembre de 2016 terminó el plazo que el gobierno de Tabasco otorgó a la empresa DCO AVIATION SOLUTIONS S.A DE C.V, para que le entregara un helicóptero cuyo destino sería el Instituto de Protección Civil del Estado.
La aeronave costó 39 millones de pesos, aunque después se supo que fueron más de 45 millones de pesos los que pagó la administración de Arturo Núñez Jiménez por ella, recursos que provenían del erario estatal y de una donación de Petróleos Mexicanos.
En 2017, el entonces diputado local Manuel Andrade Díaz revivió el tema al cuestionar por separado a quien era secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, durante sus comparecencias en el Congreso.
El legislador aseguró en sus intervenciones en el Congreso de Tabasco que el proveedor ya había incurrido en acciones presuntamente ilícitas en otros estados y, a pesar de eso, se aceptó pagar por adelantado sin tener certeza que el helicóptero existía.
Núñez Jiménez admitió el fraude y dijo que se estaban tomando todas las providencias legales para obligar al vendedor a regresar el dinero que se le dio, con los intereses necesarios.
Y mientras la Contraloría del Estado dio a conocer que comenzó las investigaciones pertinentes contra los involucrados, fue hasta 2018 que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela, sostuvo que había suficientes elementos para hablar de una estafa y del “dolo” con el que actuó la empresa.
En 2020 el gobernador Adán Augusto López Hernández retomó el asunto y giró instrucciones para que se reabriera la investigación, pues a la fecha no se sabe nada del dinero ni de la unidad tipo Agusta Westland modelo 2002 con serie número 11134.
Por el caso fueron inhabilitados el coordinador de Protección Civil Iván Martínez Herrera, así como el director Jurídico y la directora de Administración.
Otros se lavaron las manos, como el diputado Ricardo Fitz Mendoza, quien dijo no estar involucrado a pesar de haber firmado un convenio en 2015, como titular de la extinta Sernapam, para recibir la donación de Pemex que fue usada para la compra de la unidad.
Por separado, la priista Soraya Pérez Munguía y la legisladora de MC, Casilda Ruiz Agustín, aseguraron que el voto de la mayoría para sepultar el exhorto para conocer los avances de este caso, es algo que no abona a la transparencia, a pesar de que es algo que pregona Morena.
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