Elecciones bajo amenaza
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
A ocho meses de la elección del 2024, y, en medio de una anticipadísima lucha por el poder político, la violencia ensombrece los procesos en todo el país y Chiapas no es la excepción. La sangre esparcida en el territorio nacional y el canto de las armas en la frontera Sur causa terror en la población.
Los hechos sangrientos en la designación de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación advirtieron lo que viene y, en el caso local, el asesinato de dos encuestadores secuestrados hace unos días en Juárez, Chiapas, y uno que hasta el momento desaparecido recrudece el peligro.
En los últimos años, Chiapas ha sido escenario de diversas manifestaciones de violencia que han afectado la paz y la estabilidad social. Según comentan algunos, el problema se ha generado por la lucha que sostienen dos cárteles por la ruta que representa el trasiego de droga, tráfico de armas, personas, ganado y muchas cosas más.
Secuestros, asesinatos, balaceras y hasta desfile de carros repletos de criminales armados hasta los dientes no solo amenazan las elecciones en este estado del Sureste, sino también ha dejado a miles de estudiantes fuera de las aulas, por el terror que invade a la población.
Esta problemática, ciertamente, adquiere una relevancia aún mayor ante la cercanía de las elecciones de 2024, donde se renovarán la gubernatura, las senadurías, diputaciones federales y locales, así como 124 presidencias municipales. La realidad la viven los chiapanecos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador la niegue desde su altar mañanero.
La violencia plantea serios desafíos al proceso electoral, amenazando la participación ciudadana y la posibilidad de un ejercicio democrático justo. Los políticos han empezado a levantar la voz, porque hasta el momento las autoridades a cargo del desarrollo de los procesos reconocen 16 puntos rojos.
Sin embargo, los responsables de que los habitantes de Chiapas vivan esta situación son precisamente quienes se dedican a la política, porque desde el ejercicio del poder no han hecho nada para sanear el problema.
Como ejemplo mencionamos que durante el proceso de elección de quien habría de coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, se registró la muerte de José Fuentes Brito durante un aparente asalto en la Autopista del Sol, y Daniel Flores en un accidente aéreo, en Veracruz, ambos eran operadores políticos y patrocinadores de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, respectivamente.
Ahora, apenas hace tres días, cinco encuestadores fueron secuestrados en un hotel del municipio de Juárez, Chiapas, de los cuales dos mujeres fueron liberadas, dos hombres aparecieron asesinados con huellas de tortura y un mensaje del CJNG en villa Chontalpa, Tabasco; en tanto que otro hombre no aparece hasta ahora.
El gobierno desestima la gravedad de la situación prevaleciente en toda la nación, pero cotidianamente están bajo fuego de los criminales los estados de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, por mencionar los más intensos.
La violencia en Chiapas no es un fenómeno nuevo, ha sido persistente durante años y ha tenido raíces profundas en diversas problemáticas sociales, políticas y económicas. Desde los conflictos agrarios hasta el narcotráfico y la criminalidad común, la violencia ha dejado una estela de dolor y sufrimiento en comunidades enteras. Además, la presencia de grupos armados y la polarización política añaden tensiones que no pueden ser ignoradas.
Por mencionar algunos sucesos del pasado, la historia registra, en 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que marcó un momento importante en la historia política y social de la región. En este episodio, se produjeron enfrentamientos entre indígenas y las fuerzas armadas del gobierno, lo que resultó en numerosas muertes y desplazamientos.
En 2006, asimismo, durante el periodo electoral se registraron incidentes violentos en diferentes partes del estado. Hubo confrontaciones entre simpatizantes de diferentes partidos políticos y se reportaron casos de intimidación y agresiones físicas.
La elección de alcaldes en varios municipios de Chiapas, en 2017, fue acompañada de conflictos y violencia. Hubo enfrentamientos entre grupos políticos rivales, lo que ocasionó lesiones y muertes.
Esos son algunos sucesos del pasado, y, más recientemente, en 2021, se tuvieron que realizar seis procesos extraordinarios “por falta de condiciones”, de los cuales dos todavía están pendientes por la proliferación de la violencia.
Sin embargo, si los actores políticos ponen en marcha estrategias que, bajo el marco de la legalidad, pongan fin a la barbarie y promuevan la garantía de los derechos ciudadanos, la elección de 2024 podría representar una oportunidad para el cambio.
Este evento comicial puede ser un punto de inflexión para construir una nueva narrativa en Chiapas, en la cual la paz, la justicia y la participación ciudadana sean las bases para el desarrollo sostenible del estado.
En este desafío, la pregunta es ¿estarían dispuestos todos los actores involucrados a comprometerse a rechazar la violencia y a promover un proceso electoral justo, transparente y seguro? ¿Le conviene al gobierno que el proceso se lleve en paz o que mediante el terror sembrado la gente no salga de sus casas a emitir sus votos a favor de las propuestas de su preferencia?
SASSÓN
En 2024 la población demanda un ambiente propicio y seguro para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y sin coacciones. Para lograrlo, se requiere voluntad del gobierno, partidos y actores políticos. El problema es el riesgo de perder el poder.
Sasso89@hotmail.com
