Decenas de reclusos sin sentencia

Sarah Valenzuela/Ultimátum

TGZ

En Chiapas existen 17 centros penitenciarios, 14 son estata­les y uno federal ubicado en Villa Comaltitlán mientras que dos son especializados, de internamiento para ado­lescentes ubicados en Tapa­chula y Berriozábal, en total existen 5 mil 011 camas útiles y una tasa de ocupación del 98.6 por ciento, con corte al 2023.

Una buena parte de estas personas privadas de su liber­tad, no han recibido una sen­tencia, en otros casos, se han fabricado delitos, de acuer­do con, Dora Lilia Romero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

José Luis Gutiérrez y Cé­sar Hernández, originarios de Chilón, fueron encarce­lados por protestar contra la edificación de un cuartel de la Guardia Nacional, denuncia­ron ser víctimas de tortura y los acusaron de los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, pero no hay pruebas.

“Sabemos que es un poco difícil porque fue una senten­cia final, en la que le dictaron estos dos años de sentencia, como frayba vamos a seguir insistiendo y demostrando su inocencia”.

Alberto Patishtán Gó­mez, en el 2000 fue puesto en prisión por 13 años, acusado de cometer una emboscada donde murieron siete poli­cías en el municipio El Bos­que; en 2013, fue la primera persona en recibir el indulto presidencial en el país, tras una serie de amparos y pro­testas de indígenas tzotziles que exigían su libertad.

Durante estos 13 años, acompañó casos de indíge­nas que no tuvieron un debi­do proceso, que no contaron con un intérprete durante su juicio y no contaron con una defensa. Relata que hay casos de personas que se suicidan porque reciben una condena muy larga o llevan en prisión 15 años sin recibir una sen­tencia.

“La desesperación, por los muchos años que está uno sentenciado, a veces la per­sona llega a cometer ese tipo de cosas que son reprobables por la depresión”.

En 2021, la Comisión Nacional de Derechos Hu­manos, (CNDH), emitió una recomendación por condicio­nes ineficientes en el penal de Tapachula, número cuatro.

Unidas por la Sangre, una AC en defensa de mujeres en situación de cárcel, expuso que, brindan a reclusas de di­ferentes penales de Chiapas, con artículos de higiene per­sonal, a unas 200 mujeres, ante las condiciones de aban­dono en las que se encuentra la mayoría de estas mujeres.

Jacivi Gómez, presidenta de Unidas por la Sangre, sos­tuvo que esta labor la realizan cada mes, en apoyo a mujeres privadas de su libertad en dis­tintos Centros de Reinserción Social de Chiapas.