Parvifundistas ganan juicio

Gilberto Luna/Ultimátum

SCLC

El gobierno federal deberá indemnizar a los propietarios de ranchos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, cuyas tierras quedaron en poder de los re­beldes durante el conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) y el go­bierno federal, ocurrido en el año de 1994, afirmó uno de sus dirigentes de los des­plazados.

Al respecto, Raymun­do Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, en entrevista ma­nifestó que, de acuerdo con la resolución de un juez, a las autoridades federales les co­rresponde solucionar el pro­blema, pues “fueron omisas para bridarnos el respaldo de la justicia y reivindicar­nos por las pérdidas que su­frimos”.

Agregó: “acaba de salir la sentencia de un juez federal en la que falla manifestando que las autoridades fueron omisas y que por eso hemos sufrido el desplazamiento interno forzado, de andar vagando por todo el estado, de un lado para otro, sin el respaldo de la justicia y la ley y mucho menos que ha­ya habido la reivindicación de nuestros derechos y sin la reintegración digna en nues­tros lugares de origen”.

Sostuvo que tiene 29 años de que fueron despla­zados de la zona llamada de conflicto, cuando el EZLN le declaró la guerra al gobierno federal y desde entonces han estado en carácter de des­plazados internos, sin contar con el apoyo de las autori­dades en los tres niveles de gobierno.

Indicó que fueron 41 mil 937 hectáreas invadidas por el EZLN en 1994, afectados más de 400 propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y, a 29 años des­pués, el fallo del juez orde­nó al gobierno federal dar la indemnización justa co­rrespondiente, nombrando una comisión de inmediato para que se atiendan todas las pérdidas que sufrieron, entre ellas: propiedades, maquinaria, ganado y ve­jaciones.

García Álvarez solicitó a las autoridades de las tres instancias de gobierno que hagan caso de inmediato pa­ra que sean resarcidos de las pérdidas sufridas durante el conflicto en el año de 1994, los cuales son más de 400 propietarios en el abandono del Estado mexicano, desde 1994 en que sus tierras, según el EZLN, fueron “recupera­das”.

“Las 42 mil hectáreas que en ese momento eran productivas cien por ciento, pero han quedado en la zona de conflicto, por lo que desde 1994 nosotros no hemos po­dido ingresar y mucho menos trabajar y obtener el fruto de la producción de esos lugares, lo que nosotros demandamos es una solución digna del pro­blema, y según la sentencia del juez federal, le correspon­de a los gobiernos federal y estatal indemnizarnos”, su­brayó.

Finalmente, el dirigente Raymundo Augusto García Álvarez dijo que están espe­rando que se cumpla ese fallo y que ya no van a esperar más, y como víctimas exigirán de manera inmediata que se cumpla porque es una orden judicial, “estamos sufriendo con nuestras familias que ya se multiplicaron, exigimos que el gobierno federal cum­pla con su deber”.