La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) celebró el día de ayer, en su sede, uno de los “diálogos por y para la transformación”, convocados por Claudia Sheinbaum.
En compañía de Luis Armando González Placencia, secretario general de esa asociación, Rosaura Ruiz, quien encabeza el sector correspondiente a enseñanza superior en los trabajos destinados a formular la plataforma de gobierno de la candidata, y quien fuera titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Educación de la CDMX, junto con Alma Xóchitl Herrera, directora de la Universidad Rosario Castellanos, y Axel Didriksson, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (UNAM), presentaron las líneas básicas del plan constituido hasta hoy ante una comunidad de rectoras/es de universidades públicas y privadas.
El discurso de estos personajes tiene como eje la constitución de un sistema educativo nacional, que responda a una política pública de Estado en consonancia con dos directrices que ya tienen asiento en el sistema normativo del Estado mexicano sobre la materia, actualizado por el Gobierno en turno: el estatuto de la educación como un derecho humano, detonador del conjunto del sistema de derechos humanos, y el concurso de la educación superior, con la solución de problemas sociales entendidos en clave regional y comunitaria.
La dimensión de derechos humanos de la ciencia, la educación, la innovación y la tecnología es en realidad un mandato de la comunidad internacional, que ha ido tomando forma desde hace años. Este Gobierno no ha hecho otra cosa que hacer suyo el mandato en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnonologías e Innovación; mandato que, por cierto, no se deposita de manera clara en la conciencia de quienes sirven a las poderosas universidades autónomas de la capital mexicana, como he podido experimentarlo.
La idea de la ciencia como derecho humano exige una estrecha relación entre las aulas superiores y la sociedad, en menoscabo del aislamiento privilegiado de que gozan los académicos de más alto nivel en el escalafón de retribuciones. Hasta donde es posible advertirlo el día de hoy, por el testimonio de los consejeros de Claudia Sheinbaum en el ramo de la ciencia y la educación superior, las exigencias sociales sobre estas actividades especializadas tienden a fortalecerse.
El concurso con la solución de problemas nacionales y el estatuto de derecho humano del conocimiento científico, implican un sistema educativo que fomente la reformulación de disciplinas en los términos transdisciplinarios requeridos por la aplicación inmediata del conocimiento científico, así como también la prioridad del impacto social de la inversión pública en la materia, que se relacione directamente con procesos de transformación económica ya en curso, como por ejemplo los relativos a la relocalización de empresas, constitución de cadenas de valor trasnacionales de última generación, proyectos nacionales de infraestructura detonadora de riqueza económica. Quienes asistieron al diálogo y ocupan los puestos de máxima autoridad en sus instituciones, no regatearon este punto de vista como acuerdo básico de colaboración.
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