Rebelión Social
Armando Ríos Piter/Excélsior/Ultimátum
De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el 69 por ciento de las entidades federativas registran “cobro de piso” por parte de las bandas criminales, lo que afecta hasta en 80 por ciento las ventas de algunos comercios. De esta forma, Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son los estados donde los integrantes de dicha organización, han denunciado el cobro de piso “recurrente”. Según datos del organismo privado, en promedio, la citada práctica le cuesta a los comerciantes 20 por ciento de sus utilidades. No obstante, han entidades de la república donde llega incluso a ser entre el 70 y el 80 por ciento, como ocurre en el caso de Chihuahua.
El presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, ha reiterado la emergencia que implica la afectación delictiva a las actividades económica. Según el líder empresarial, “el robo a negocio sea o no con violencia, tiene una cifra muy alta del 87%, pues de cada 10 robos a negocios, sólo uno se denuncia. El dirigente declaró: “Hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex, de donde sale que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué delitos. En primera instancia, el robo de mercancía; segunda instancia, el robo de vehículos; tercera, la extorsión, que incluye el cobro de piso, empatado con el delito cibernético.
El ámbito rural no es la excepción. La semana pasada se viralizó un video en el que pobladores de la comunidad de Texcatitlán, se enfrentan a supuestos integrantes del cartel de La Familia Michoacana, quienes pretendían extorsionar a los comuneros. El grupo delictivo exigía a los habitantes el pago de una cuota por cada metro cuadrado de sus campos de haba y chícharos. Ellos se negaban pues la cosecha había sido mala. Ante la falta de acuerdos para lograr el pago, se dio un encontronazo donde con machetes, palos y armas de fuego, 14 personas perdieron la vida y siete resultaron heridos.
Tras la matanza, se supo que desde hace años, existen reportes de que “La Familia Michoacana” ha incidido en los procesos electorales del Estado de México. De hecho, se publicó que según informes de inteligencia militar esto ocurrió en el proceso electoral de 2021. Desde 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional ya contaba con un informe de la operación de los principales grupos de la delincuencia organizada en el Estado de México, en el que se identificó que dicho grupo tenía presencia en 44 municipios, entre ellos Texcaltitlán. Su presencia predominante se detectó en 34 ayuntamientos, sobre todo los colindantes con Michoacán.
La reacción del gobierno federal fue desplegar a 600 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional al lugar, que junto con la policía estatal, sumarían mil elementos. Sin embargo, con preocupación vimos que de muypoco sirvieron estas acciones. El director de Seguridad municipal informó que integrantes del grupo criminal privaron de la libertad a algunos pobladores, cuando salieron de la zona blindada por militares. Los vecinos aseguraron que “por venganza”, hay al menos 20 desaparecidos después de la matanza del viernes.
Los hechos ocurridos en el Estado de México, dan cruda muestra de la terible situación que enfrenta la población y el Estado Mexicano en su conjunto, frente a estos grupos criminales. En presencia de la gobernadora Delfina Gómez, los comuneros han afirmado que incluso tenían que pagar cuotas de hasta 40 % por los alimentos. Por otro lado, esta masacre se convirtió en la 421 del año, según lo informó la organización civil Causa en Común.
¿De qué sirvió que desde hace tres años, la SEDENA supiera de la presencia de esta organización criminal en la región? ¿Qué utilidad tuvo enviar mil elementos, si ello no impidió que pobladores fueran ultrajados? ¿Cuál es la verdadera capacidad del Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, para garantizar la vida y la libertad de las personas en este país? Estas son las preguntas que la #SociedadHorizontal deberá hacerse a consciencia, especialmente en un momento en que parecería que las campañas políticas, representan un viejo catálogo de propuestas y planteamientos, que ignoran con indolencia esta terrible realidad.
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