Sarah Valenzuela/Ultimátum
El autogobierno en las zonas indígenas de Chiapas, predomina desde los tiempos pre coloniales, los sistemas normativos son los que rigen las comunidades.
Chenalhó, Pantelhó, Larrainzar, Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, Chanal, Chapultenango, Pantepec, Ocotepec, Huixtán, Ixhuatán, Mitontic.
Edmundo Henríquez Arellano, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del IEPC, nos da un claro ejemplo del sistema normativo por usos y costumbres es Oxchuc, en donde no se permitió el ingreso de partidos políticos, su elección es a mano alzada, por representantes en una asamblea comunitaria.
«En el momento en que el municipio de Oxchuc pasa a un sistema normativo interno, su calendario electoral y sus reglas ya no guardan ninguna relación con el resto de las entidades».
12 grupos lingüísticos de Chiapas:
Chol, tzeltal, tzotzil, zoque, tojolabal, cachiquel, mocho, mame, chuje, jacalteco, lacandón y canjobal, que suman un millón 300 mil personas, el 30 por ciento de la población.
Manuel Martínez Jiménez, regidor de Zinacantán, comenta que la organización de los pueblos originarios conlleva repartir los recursos de programas sociales entre los habitantes.
«Tomamos la caseta de Chiapa de Corzo- San Cristóbal, para recabar recursos en efectivo para poder repartir a los más de cinco mil personas que tiene discriminado el presidente de Zinacantán».
Katynade la Vega, secretaria de Turismo en Chiapas, reconoce que también se encargan de la administración de los centros ecoturísticos de zonas indígenas del estado, sin embargo, en algunos de estos destinos, no permiten el ingreso de paramédicos de Cruz Roja o Protección Civil, especialmente cuando se registran accidentes.
«Estamos trabajando en eso, y estamos trabajando mucho con los que sí están registrados, recomendación averigüen bien a dónde van a ir, vean de dónde viene la nota para que el turista pueda viajar tranquilo».
Tampoco se permite que ingresen a realizar investigaciones, a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, (FGE), cuando se documentan homicidios y feminicidios, lo que deja en la impunidad estos crímenes, lamenta el abogado litigante Carlos Conde Ramírez.
«Las autoridades se rigen por usos y costumbres. Las autoridades institucionales de gobierno se coordinen con las autoridades de usos y costumbres a efecto de que puedan establecer los dos el estado de derecho».
Lamentablemente, este tipo de sistema normativo, representa una desventaja para el sexo femenino: se arreglan matrimonios de niñas, al grado que en 11 municipios de la zona altos, los índices de violencia hacia las mujeres son alarmantes, además, las mujeres no tienen voz durante los procesos electorales por usos y costumbres.
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