El Derecho de Piso
Enriqueta Burelo/Ultimátum
Si un negocio se incendia por que falla la instalación eléctrica o es encontrado muerto con señas de violencia, un empresario que recientemente fue levantado, la imaginación de la ciudadanía se da vuelo e inmediatamente señalan que los dueños del negocio o el empresario asesinado se han negado a pagar el derecho de piso, una forma de extorsión que no necesita mucha sofisticación y que nos lleva pensar en Sicilia, la mafia de esa hermosa isla aterrorizó a Italia con sus brutales atentados y asesinatos, como el cometido contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. Esos ataques generaron una reacción firme por parte del Estado y condujeron al arresto de sus capos históricos, incluido el más joven, Matteo Messina Denaro, detenido en enero después de haber estado 30 años prófugo.
Desafortunadamente la extorsión es considerada parte de la vida cotidiana de la población mexicana, existe todo un sistema conformado por personas que viven de pedir dinero a otros amenazándolos con la violencia si se niegan a pagar, sin embargo, hoy este mecanismo de presión, ha adquirido otro tinte, ha caído en manos del crimen organizado y se traduce en el derecho o cobro de piso, donde se exige a los dueños de negocios un pago periódico para que los criminales les permitan trabajar.
La Encuesta de Victimización (ENVIPE, 2023), tan solo en 2023, el delito de cobro de piso y distintas formas de extorsión, ocupó el tercer lugar de recurrencia a nivel nacional y se presentó en al menos 23 estados del país, esto considerando que dicho conteo se basa en denuncias presentadas ante ministerios públicos y contabilizadas en carpetas de investigación. En este sentido, el delito de cobro de piso crece en la mayoría de las ciudades controlando todo a su paso, desde negocios ambulantes, hasta empresas constructoras, mineras, sector hotelero, restaurantero, cadenas de tiendas de conveniencia, misceláneas, mercados y todo tipo de rubros, y sus cobros van desde los 50 pesos hasta los 250,000 pesos, semanales, quincenales o mensuales dependiendo el giro comercial.
A través de los medios de comunicación , nos hemos enterado de innumerables casos de comerciantes o productores que han sido obligados a pagar el derechos de piso: en febrero del 2023, una empresa de telecomunicaciones sufrió un atentado en varias de sus instalaciones en distintas localidades de Michoacán – Apatzingán, Uruapan, Múgica, La Huacana y Gabriel Zamora- por no llegar a un acuerdo por el pago de un cobro de piso, los artesanos de Taxco, en el 2022, denunciaron que los grupos criminales les cobraban 408 pesos semanales y hasta tres mil mensuales, para poder poner sus puestos de artesanías en el centro sin que nadie los detuviera, los productores de aguacate extorsionados por los Caballeros Templarios.
De que depende el éxito de una campaña de extorsión, de la fama de la reputación del grupo criminal, en nuestro país, la mayoría de las exigencias de extorsiones se combinan con amenazas. Así, la víctima se verá obligada a cumplir las demandas del extorsionista si este se presenta como miembro de un grupo criminal conocido por sus brutales represalias contra quienes se oponen a sus demandas.
Mientras tanto en Chiapas, en ocasiones en forma publica o en otras ocultando sus nombres por temor a represalias, transportistas, y productores, ya han recibido amenazas de cobro de piso.
En el documento de 2014 “Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades”, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, se señala que el cobro de piso se convierte en un impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado.
A partir de este análisis el especialista Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muy oportuna para este momento en México, advierte sobre una situación muy delicada que rompe el esquema de la función del Estado: “El Estado puede coexistir razonablemente con el comercio de drogas (…) pero no tiene posibilidad de convivir con una fuente alternativa de protección, precisamente porque la protección es la característica primigenia del poder estatal”.
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