Redacción / Ultimátum
Durante la reunión anual de accionistas y directivos de Penmont, ejidatarios de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora, denunciaron las irregularidades que ese consorcio minero ha cometido en sus tierras al extraer, “sin permisos y con engaños”, oro de la mina Herradura; por lo que exigieron el pago de 436 millones de dólares por lo sustraído de manera ilegal”.
De acuerdo con los manifestantes, el consorcio propiedad de Alejandro Baillères, están sobreviviendo en una resistencia que ha desterrado a las familias oriundas de El Bajío, ubicado en la frontera con Estados Unidos; de hecho, consideraron que las autoridades están coludidas con los directivos de la minera.
Dijeron que en diversas ocasiones han acudido a tribunales y juzgados del país, pero “el gobierno federal no nos recibe; entonces salimos a buscar ayuda a instancias internacionales”.
Los manifestantes expresaron que la finalidad es “enterar al presidente Andrés Manuel López Obrador de las violaciones a los derechos humanos contra familias asentadas en el norte de Sonora, como la falta de acceso a justicia, agua potable y vivienda digna”.
Los ejidatarios explicaron que, en su lucha, la empresa y autoridades empezaron encarcelando a 12 ejidatarios, luego a amenazar, secuestrar, levantar y asesinar a cuatro pobladores de ese año a la fecha.
“Nos han matado a cuatro (compañeros); nos han amenazado a todos, pero más que miedo hay preocupación porque son reales las advertencias; en el último asesinato dejaron un mensaje con amenaza de muerte y los nombres de todos los que nos resistimos al desalojo”, reveló Thomas González, uno de los manifestantes.
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