Sobre la anunciada iniciativa de Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones; elevar pensiones entonces sí, pero antes hay que definir ¿con qué? y ¿de dónde?...
No son pocos, es verdad, los militantes del oficialismo que, urgidos de identificar “nuevos logros” que permitan relanzar la declinante administración de la 4T, creen y aseguran que la anunciada iniciativa de Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones es de tal trascendencia y riqueza que no sólo ha convencido al morenismo en pleno, sino, ojo, al más alto nivel de la triada partidista opositora e incluso a su candidata a la Presidencia Xóchitl Gálvez Ruiz. Nada más falso que esto.
Ello, porque si bien en un primer momento igual el cuestionado panista Marko Cortés, que el impresentable Alejandro A(m)lito Moreno y el gris Jesús Zambrano, de PRI y PRD, advirtieron de su rechazo a la anunciada reforma orientada a garantizar que todo trabajador goce de una pensión equivalente a 100% del salario de retiro, bien pronto captaron la improcedencia de la misma e identificaron su naturaleza “electorera” que, en el supuesto de que mantuvieran su posición, abriría al inquilino de Palacio la posibilidad de tacharlos de “traidores” de la causa de los trabajadores y adultos mayores, lo que podría acarrear un caudal de votos en contra a sus candidatos…
Sólo después de esto y de confirmar que una modificación como la anunciada por el tabasqueño, de carácter constitucional, requerirá del voto de tres cuartas partes del Congreso, con las que no cuenta el régimen, uno tras otro, en una acción claramente “electorera” también, optaron por declarar ante los medios que veían “con buenos ojos” la modificación, sin perder la oportunidad de advertir sobre el altísimo costo que su aprobación tendría para el gobierno federal y/o un sinnúmero de empresas.
En los últimos días, en efecto, especialistas y analistas financieros de toda suerte de instancias públicas y privadas, y de los propios partidos, han dejado en claro su convicción de que la sugerencia de elevar las pensiones al 100% parece excesiva y, más importante, imposible de financiar pues, como se asegura, ello implicaría un alza de entre 400 mil y 600 mil millones de pesos –entre 1.5 y 2.0 del PIB en su primer año de vigencia– en el gasto federal y un cambio de fondo en las condiciones para la inversión privada si, como prevén algunos, la intención es cargar sobre las empresas privadas parte del mismo. Se dirá, como de hecho ocurre ya, que una parte del costo sería cubierto por los presupuestos de organismos autónomos llamados a desaparecer –Inai, IFT y más– u otra vez, con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que, sin suerte hasta ahora, el gobierno federal ha buscado intervenir. Lo cierto, sin embargo, es que, aún en el supuesto de que el Legislativo aceptara avanzar, vía la extinción de institutos, el aporte de todos ellos juntos sería irrelevante ante la erogación a realizar.
Elevar pensiones entonces sí, pero antes hay que definir ¿con qué? y ¿de dónde?…
