El pasado 05 de febrero, celebramos los 107 años de la promulgación de nuestra Constitución; a partir de su vigencia y hasta el 24 de enero del presente, ha sufrido 770 reformas a través de 256 decretos.
✍?Rodolfo L. Chanona
Aproximadamente 10 años llevo impartiendo la materia de Derecho Educativo y cada semestre inicio con mis alumnos con una pregunta: ¿Qué es la Constitución? o bien les pregunto ¿de qué forma entienden el alcance de la Constitución?
Preguntas que tienen como finalidad introducirlos en el fascinante estudio del derecho a la educación; sin embargo, siempre encuentro respuestas evasivas y poco claras de lo que es y cómo se entiende a la Constitución y los alcances normativos de esta, en la organización del Estado, denotando la poca claridad que existe en la ciudadanía respecto al entendimiento de la constitucionalidad y su vinculación con el derecho de los gobernados y los deberes, facultades y límites de las autoridades en el desempeño de sus funciones, tema que deberíamos tener claro, si fuéramos una sociedad más informada e interesada en los asuntos del Estado.
El pasado 05 de febrero, celebramos los 107 años de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento normativo del Estado mexicano, la cual, a partir de su vigencia y hasta el 24 de enero del presente, ha sufrido 770 reformas en su articulado, a través de 256 decretos de reforma constitucional.
Lo anterior a consecuencia a que se ha centrado la mayoría de las políticas públicas de los gobiernos de México en este máximo ordenamiento, contrario a nuestro país vecino (E.E.U.U.) en dónde a su Constitución en sus más de 200 años de vigencia, solamente se le han hecho un total de 27 enmiendas.
En México se ha adoptado la teoría constitucionalista que considera que, las políticas públicas deben estar puestas en marcha de modo coordinado y coherente con los poderes públicos de acuerdo a su organización constitucional, llevando consigo que estas, se incorporen en el diseño y texto de la Constitución; convirtiéndolas gradualmente en realidades tangibles en el entorno político, mediante la capacidad transformadora que tienen las normas constitucionales, siendo esta, una de las razones por las cuales, cada periodo de gobierno se busca llevar a cabo distintas reformas a la Constitución.
Ferdinand Lasalle indicaba que, la Constitución era igual a los factores reales de poder de un país, entendiendo por Lasalle a dichos factores, como los elementos relevantes y decisivos para la estructura y funcionamiento de un Estado, así como, para mantener vigente el orden jurídico. En su teoría constitucionalista señala que, estos factores reales de poder eran todas aquellas fuerzas activas que informan la legislación y las instituciones de una sociedad, como son la monarquía, la aristocracia, la gran burguesía, los banqueros, la conciencia colectiva y la cultura general, así como, la pequeña burguesía y la clase obrera.
Esta teoría, aunque tiene más de 200 años, no deja de ser relevante en la actualidad; sin embargo, en opinión de distintos constitucionalistas, los factores reales de poder, varían en razón al sistema político, las libertades y el sistema económico de cada país.
Lo anterior podemos traducirlo que en la actualidad, estos factores reales de poder, están constituidos por el pueblo y su conciencia colectiva, en la oposición política (Partidos políticos), el pleno de la Suprema Corte, los medios de comunicación, las redes sociales, los sindicatos, los grandes contribuyentes, los bancos, las transnacionales, las potencias mundiales armamentistas y económicas, la religión, las calificadoras de riesgo, los organismos financieros internacionales, entre otros; los cuales, unos son más poderosos que otros, pero todos tienen una influencia en la composición del Estado, actuando como verdaderos estabilizadores políticos.
Sin embargo, en México pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, olvidó estas premisas durante su gobierno, y hoy, se vuelve evidenciar su desdén político, con el nuevo paquete de reformas a la Constitución que ha enviado en pleno año electoral al Congreso de la Unión, mediante las cuales, pretende realizar cambios importantes en materia político-electoral, pensiones, salario mínimo, industria eléctrica y Poder Judicial; reformas que pretende realizar sin el consenso de estos factores reales de poder, que le permitiría permear respecto a la viabilidad de las mismas.
No obstante lo que si deja evidenciado el Presidente con este paquete de reformas, es su afán demagógico que lo ha caracterizado durante toda su gestión, para meterse en la discusión pública del país en pleno proceso electoral y seguir tratando de imponer su visión personal, sin tomar en cuenta a las demás voces del país, mostrando una clara conducta dictatorial y de clara intromisión en el proceso electoral, para tratar de hacer ganar a su candidata Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ha señalado reiteradamente continuar con la política del obradorato.
