AMLO envió un total de 18 reformas constitucionales y dos legales, que incluyen cambios al Poder Judicial, la energética, pensiones, salario mínimo, a la Guardia Nacional y desaparición de órganos autónomos.
✍🏽Armando Ríos Piter
Varias semanas atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, presentaría un importante paquete de iniciativas. Con esta advertencia, el pasado 5 de febrero, día de la conmemoración de la Constitución, AMLO envió un total de 18 reformas constitucionales y dos legales, que incluyen cambios al Poder Judicial, la energética, pensiones, salario mínimo, a la Guardia Nacional y desaparición de órganos autónomos. Adicionalmente, se propone un corolario de propuestas que van desde el acceso a salud gratuita y prohibir las drogas químicas, hasta los vapeadores y el maltrato animal. En su conferencia mañanera, el mandatario afirmó que las iniciativas presentadas buscan, en esencia, devolver “a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza”, características que le fueron arrebatadas -según él- durante el régimen neoliberal.
Tanto la presidenta de San Lázaro, Marcela Guerra, como Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, declararon que el Congreso estaba listo para recibir y analizar las propuestas presidenciales. Llamó la atención que la segunda legisladora, estimó que si en este periodo ordinario de sesiones del Congreso no avanzara la dictaminación, se dejaría una discusión abierta para la próxima legislatura.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados perfiló que la discusión de los proyectos en el pleno, podría darse a partir del 18 de abril, una vez que estuvieran concluidos los cinco foros nacionales para analizar las iniciativas, junto con los 32 foros estatales y las 300 asambleas definidas con tal propósito en todo el país. En este contexto, los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados celebraron ayer que Morena y sus aliados “ya aprendieron a respetar el proceso parlamentario” y a “dialogar” con la oposición, por lo que confiaron en que “no va a legislar al vapor” ni a ordenar “dictámenes exprés”, como ha ocurrido en otros momentos del sexenio.
La secretaria de Gobernación afirmó que el paquete de reformas constitucionales representan un “retorno al pacto social” que establecieron los liberales en la Constitución de 1917. Causó ámpula lo dicho por AMLO, quien afirmó que las iniciativas de reforma constitucional dadas a conocer, se presentaron hasta ahora “porque vienen las elecciones”. El mandatario destacó que “el pueblo va a decidir” y va a “definir un proyecto de nación”.
Los partidos políticos de oposición se atrincheraron y tomaron postura frente a las reformas planteadas. Criticaron que el presidente busque “acotar al Poder Judicial y desaparecer contrapesos, como los órganos autónomos y entes reguladores”. Se dijeron dispuestos a respaldar las “que beneficien al pueblo”. No obstante, se prevé que la agenda no esté acotada. Tanto el PAN y PRI, como el PRD y MC definieron prioridades y anunciaron que irán por reformas contrarias a las presentadas por López Obrador. Como ejemplo declararon que buscarán el fortalecimiento del INE, que la Guardia Nacional sea un cuerpo de seguridad civil, restar poder al presidencialismo y una nueva forma de elegir a ministros.
Las expresiones se dividen en dos: quienes consideran indispensable que la aprobación sea pronta y expedita; frente a los que opinan que no saldrá -prácticamente- nada en el corto plazo. Mario Delgado, líder nacional de Morena, dijo que “El paquete de iniciativas que presentara el presidente López Obrador es un cierre espectacular del sexenio. El más importante de los últimos 30 años”. Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, prevé que la mayoría de las propuestas tienen pocas probabilidades de ser aprobadas. Sienmbargo, precisó que “el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación y la reforma de pensiones podrían salir adelante”.
Otros analistas piensan que lo presentado, “quedará más como legado político o como una forma de darle línea a Claudia Sheinbaum”. Por su parte, el sector privado consideró que no es momento de discutir reformas constitucionales profundas, pues México está por iniciar un proceso electoral. “En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos, será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”, dijo el CCE.
El asunto es de la mayor trascendencia. Es fundamental que la #SociedadHorizontal construya una discusión que rebase la coyuntura electorera. Si hubiera que cambiar el pacto constitucional, habrá que hacerlo con responsabilidad, análisis serio, propuestas viables y consensos amplios, no sobre las rodillas, como hasta ahora busca hacerlo AMLO.
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