Una de las más grandes y viles mentiras del sexenio
Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Andrés Manuel López Obrador prometió una y otra vez, antes, durante y después de la campaña del 2018, que su gobierno iba a encontrar a los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 25 de septiembre de 2014 o, en su caso, iba a demostrar que ahí hubo crimen de estado. No ha hecho ni lo uno, ni lo otro.
Todos los mexicanos, con dos dedos de inteligencia sobre la frente–decían las abuelas-, estaban convencidos que los policías municipales de Cocula y de Iguala habían detenido a los jóvenes, los habían entregado al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos y éstos, a su vez, los habían asesinado e incinerado en un basurero del primero de esos municipios.
Sin embargo, y por la rentabilidad política que le daba, Andrés Manuel mintió a los familiares de los desaparecidos. Con tal de ganar simpatías para su proyecto político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y votos en las elecciones presidenciales del 2018, él insistía, una y otra vez, que los 43 normalistas habían sido víctimas de un “crimen de estado”, que nadie creyera en las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto y que cuando él llegara a la presidencia iba a encontrar a los jóvenes e iba a castigar a los responsables que, según él, estaban dentro de las estructuras gubernamentales de aquel tiempo.
CRIMEN DE ESTADO
Un crimen de estado es definido como actos sistemáticos que se realizan de acuerdo con un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos. Son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad.
Algo hay de eso en los hechos citados, en el entendido de que fueron agentes de las policías municipales de Iguala y de Cocula, en obediencia a instrucciones de sus jefes, quienes detuvieron a los muchachos y los entregaron a los criminales, pero Andrés Manuel López Obrador no hizo caso a eso. A fuerzas quería y sigue queriendo culpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, al entonces Procurador
General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam quien, por cierto, está preso por órdenes del propio AMLO, sin que haya demostrado que el ex funcionario haya cometido un delito. Insistía López Obrador en que los militares estuvieron involucrados en el caso. Sin embargo y cuando llegó al gobierno, se dio cuenta que no había una sola prueba de que los militares hubiesen participado en esos hechos.
Por insistencia del propio López, la Fiscalía General de la República (FGR), en manos del nefasto Alejandro Gertz Manero, fabricó información para detener a algunos militares y así tratar de calmar a los familiares de los desaparecidos. Fueron detenidos.
Sin embargo, una jueza y un Tribunal colegiado resolvieron, apenas en enero pasado, liberar a militares que estaban siendo procesados por el caso Ayotzinapa, debido a que no encontraron elementos suficientes para mantenerlos presos.
Ya se fue de la subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el encargado de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y cinco años y medio después de que López llegó a la presidencia, no ha podido probar que haya habido crimen de estado. Simplemente porque no hubo tal. Todas las investigaciones de la entonces PGR fueron revisadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos enfocados en realizar una investigación paralela sobre los acontecimientos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la comunidad de Iguala, donde jóvenes estudiantes fueron agredidos y desaparecidos. Dependía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Cuando esta institución era independiente y con la ayuda de ese GIEI, elaboró un documento con información minuciosamente cuidada en la que se explica, paso a paso, cómo ocurrieron aquellos hechos y todo, absolutamente todo, concluye que los 43 normalistas fueron detenidos por los policías municipales mencionados, que éstos entregaron a los jóvenes a los criminales quienes finalmente los asesinaron y los desaparecieron. Hubo más de 120 detenidos, la mayoría de los cuales ya fueron liberados, a cambio de que dijeran que las autoridades del sexenio anterior les habían extraído sus declaraciones mediante torturas, con el propósito de que el presidente cumpla con su promesa de comprobar que hubo un crimen de estado, lo cual no ha podido probar y no podrá probarlo nunca.
Lamentablemente eso ha hecho que los verdaderos criminales estén libres.
Los familiares de los desaparecidos y todo México se han dado cuenta que AMLO mintió. Sin haber tenido pruebas a la mano hizo acusaciones temerarias desde que era candidato e incluso cuando ya era presidente, a inicios de su sexenio. Cinco años y medio después ha quedado demostrado, ante la opinión pública nacional e internacional, que mintió a México entero.
Por eso los familiares de los desaparecidos han sufrido tanta frustración que, con justa razón, fueron a derribar una de las puertas de Palacio Nacional.
La noticia obtuvo la atención internacional. El periódico el País de España reseñó el acto de la siguiente manera:
“Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años en la ciudad de Iguala, Guerrero, ha derribado en la mañana de este miércoles una de las puertas del Palacio Nacional, en Ciudad de México, la residencia del presidente y el centro simbólico del poder Ejecutivo. Los manifestantes, que pretenden así presionar al Gobierno para que Andrés Manuel López Obrador se reúna con ellos e intentar destrabar la investigación sobre el secuestro de los 43 alumnos, han utilizado una furgoneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se encontraba aparcada en la calle como ariete para echar el portón abajo”. Y así por el estilo, los medios internacionales se burlaron de México.
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