No admite ninguna negociación que no sea que México haga mucho más de lo que ya hace como muro de contención de la migración.
✍🏽Redacción
No hay política antiinmigrante amable, trato justo ni razonable, en la idea de EU de no ceder ni una pulgada porque luego le pedirán una milla. La nueva ley antiinmigrante SB4 de Texas responde a ese designio intransigente con consecuencias de largo alcance, porque no admite ninguna negociación que no sea que México haga mucho más de lo que ya hace como muro de contención de la migración.
Esa noción para muchos estadunidenses, como en la mayoría de las potencias, no tiene una connotación negativa, aunque implique posturas unilaterales, inflexibles y opuestas a la cooperación bilateral en el problema bilateral de migración. Por el contrario, la valoran como una clave del éxito en política exterior, como resalta en sus memorias el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en el gobierno de Trump; y lo que exigen de un dirigente cuando parece tomar posiciones “tibias”, como acusan los republicanos a Biden por respaldar a México contra medidas extremas antiinmigración.
Esta manera de pensar aleja el entendimiento y es letal para alcanzar una reforma migratoria mil veces frustrada en EU. Las iniciativas unilaterales con que amenazó Pompeo a México y ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, están destinadas a elevar la tensión y profundizar la crisis fronteriza como siempre pasa cuando el problema quiere ponerse sólo de un lado. La ley SB4, de momento detenida por un tribunal, deja a la policía detener y expulsar a suelo mexicano a cualquier sospechoso de entrada irregular, incluidos migrantes que ahí vivan sin documentación entre 2.4 millones de connacionales en Texas.
La otra cara de la moneda es la creencia de la contraparte de pensar que siempre tiene que aceptar que le impongan obligaciones y estar dispuesta a dar más y más con tal de evitar el conflicto. Hasta que alguna vez, no poner límites lleva al límite: la irremediable obligación de repudiar la mano dura de leyes “draconianas, contrarias a los derechos humanos… y violatorias de la Biblia”, los calificativos de López Obrador para condenar la iniciativa de Abbott. Y negarse a aceptar las deportaciones express de Texas porque mañana pueden ser las de Trump con la mayor operación de expulsiones en la historia de EU como promesa central de campaña contra migrantes, de los que dice, “envenenan la sangre del país”.
Llegados este punto, hay que preguntar a la política migratoria mexicana su responsabilidad de que el país sea objeto de leyes “xenófobas y discriminatorias”, que conducen a la criminalización de mexicanos tan sólo por tener “apariencia latina”. Es decir, hasta dónde se ha cedido para que en EU piensen que puede violentar la soberanía y el derecho a decidir quién entra al territorio mexicano.
Desde la gran crisis migratoria de las “caravanas” 2018, el gobierno presume que evitó el muro de Trump y sanciones comerciales sin firmar un estatus de “tercer país seguro”, gracias a una negociación con aquel secretario de Estado jactancioso de “nunca ceder ni un milímetro”. Pero aceptó un “muro militar” con la guardia nacional para contener el flujo en la frontera sur y el programa Permanecer en México, que permitía a EU remitir a los solicitantes de asilo a México. De este acuerdo con Pompeo, luego revelaría que el excanciller Ebrard le pidió que sus términos no se hicieran públicos para no manchar la imagen del Presidente porque, en los hechos, de igual manera obligaba a detener y recibir deportados en contradicción con sus leyes migratorias y de asilo.
Biden siguió con las políticas restrictivas fronterizas que Trump implementó en la pandemia bajo la orden del título 42 de la ley de salud, que permitió hasta mayo de 2023 la expulsión “en caliente” de migrantes y solicitantes de asilo. También siguió demandando “más esfuerzos” de México, hasta adoptar posiciones radicales por la exigencia electoral de endurecer las medidas antiinmigrantes, aunque sin aceptar las boyas flotantes de Abbott en la frontera y leyes que llevan al límite la aquiescencia de México.
México pudo negarse desde hace mucho a ser destino de la deportación de EU. Ahora desistir significa acceder a arriesgar su soberanía, aunque la relación bilateral experimente una “tensión sustantiva”, como advierte la cancillería mexicana en una carta ante una Corte de EU contra la ley SB4. Dejar hacer y dejar pasar otra vez tendría enormes consecuencias para el país si realmente quiere que su “voz se escucha fuerte y claro ante la discriminación y xenofobia”.
