Pareciera que al día de hoy, la disputa de la campaña presidencial, se ha centrado en los programas sociales.
✍🏽Rodolfo L. Chanona
Pareciera que al día de hoy, la disputa de la campaña presidencial, se ha centrado en los programas sociales, toda vez que, por un lado, vemos a Xóchilt Gálvez, candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, refrendando que no quitará los programas sociales, defendiendo la pertinencia y continuidad de las ayudas, ante las acusaciones desde palacio nacional; y de la candidata Claudia Sheinbaum, quien señala que en caso de ganar Xóchilt, acabaría con estos. Y por el otro, vemos a Claudia Sheinbaum, señalando que ella es la única que garantizará que los programas sociales continúen.
Lamentablemente el actual gobierno federal, desde el inicio de su gestión, lanzó una retórica de que los programas sociales, son otorgados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizándose esto a través de los “servidores de la nación”, que son los funcionarios públicos encargados de la entrega de los programas sociales en todo el país, y su función no solamente abarca la entrega de estos, sino también, la constante interacción directa con la ciudadanía y con los beneficiarios y beneficiarias de los programas sociales, bajando esta retórica con ellos, tal y como se encuentra documentado en diversas resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, si hacemos un poco de historia, podemos percartarnos que el Estado mexicano apartir del año de 1917, se ha configurado como un motor permanente de las transformaciones sociales que abarcan la (Industrialización, urbanización, crecimiento demográfico y movilidad social) y al mismo tiempo, ha sustentado las fuentes de su legitimidad, sobre una vasta gama de acciones sociales que han propiciado el apoyo a la población para cubrir gran parte de sus carencias básicas, como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.
El desarrollo de México se manifestó al inicio de la etapa post revolucionaria, a través del reparto agrario, del incremento constante del gasto social, de los subsidios y del impulso al empleo; lo que ha generado, un sistema jurídico e institucional de protección, previsión y asistencia de ciertas necesidades y oportunidades vitales, determinadas por el orden social vigente en su momento; realizado mediante dos grandes instrumentos, la garantía de ciertos niveles y medios materiales de existencia (el bienestar social o seguridad económica), y el fomento y apoyo a la realización personal del hombre para alcanzar la Justicia social, convirtiéndose así el Estado, en el principal promotor del desarrollo nacional.
Políticas que se visualizaron más desde Lázaro Cárdenas del Río y que han subsistido hasta la época actual; sin ser propias de uno o de otro partido político que haya gobernado el país.
Dentro de los ejemplos actuales, encontramos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), estuvo el Programa de Educación, Salud y Alimentación denominado “PROGRESA”, donde se conjugaron subsidios alimentarios y acciones de salud y educación para asegurar la entrega de un paquete básico, poniendo énfasis en las mujeres y los niños en condiciones de pobreza extrema en el ámbito rural, el cual, se ha considerado que dio resultados positivos, al aumentar la matrícula en los niveles de primaria y secundaria, disminuir el trabajo infantil, aumentar el control nutricional y la vacunación, elevar el crecimiento infantil y generar un mayor consumo alimentario promedio en el hogar.
Durante el periodo de gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006) se modificaron las políticas públicas de desarrollo social, impulsando la denominada estrategia “Contigo es Posible” o también denominada “Oportunidades”.
En la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se impulsó la estrategia “Vivir Mejor”, cuyo objetivo era concentrar las acciones hacia el desarrollo humano sustentable, buscando ampliar las capacidades de las personas para acceder a una vida digna, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Uno de los cambios más importantes para consolidar una red de protección social en ese periodo de gobierno, fue la introducción de la ampliación de la pensión no contributiva para adultos mayores denominado programa 70 y Más.
Enrique Peña Nieto (2012-2018), bajo esta configuración del estado social, asumió el compromiso de encabezar una transformación del país, iniciando con la encomienda a la Secretaría de Desarrollo Social para coordinar la “Cruzada Nacional contra el Hambre” como parte de su política social, implementándose también el programa de inclusión social “PROSPERA”, antes denominado programa de desarrollo humano “OPORTUNIDADES”, programa que igual que los anteriores, apoyaba en alimentación, salud y educación, así como, articulaba esfuerzos para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas por medio de su propio trabajo.
El actual gobierno de AMLO, incrementó la política de desarrollo social, definiéndose un conjunto de programas prioritarios, con el objetivo de impulsar la política social y fortalecer la economía del país.
Desafortunadamente los derechos sociales en nuestro país, materializados a través de las políticas asistencialistas, se han visto ligados históricamente al régimen presidencialista, patrimonialista, corporativista, clientelar y antidemocrático que ha caracterizado a los gobiernos mexicanos, utilizando esta vasta gama de acciones sociales de apoyo a la población, más para legitimar al régimen político en turno que para lograr una legitimidad democrática y de desarrollo social del Estado mexicano.
