La ambición por volverse un actor político “relevante”, lo ha convertido en blanco de críticas y señalamientos de quienes con anterioridad vieron en él, un jurista de avanzada.
✍🏽Armando Ríos Piter
A lo largo de los últimos años, en diversas ocasiones, la actuación del ex ministro Arturo Zaldívar, ha generado polémica. Desde su marcada intención por lograr relevancia mediática, a partir de la promoción de temas y actitudes “juveniles” en redes sociales, pasando por su inesperada renuncia al cargo de juzgador para incorporarse a una campaña presidencial, hasta la nueva confrontación con la actual presidenta de la Corte. La ambición por volverse un actor político “relevante”, lo ha convertido en blanco de críticas y señalamientos de quienes con anterioridad vieron en él, un jurista de avanzada.
Sirvan estas referencias para enmarcar el debate “político-judicial” que hoy encabeza el otrora presidente de la SCJN. El pasado 9 de abril, la ministra presidente, Norma Piña, recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros ex colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “por probables actos cometidos entre 2019 y 2022 que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.
Se han divulgado evidencias y testimonios de unos 70 juzgadores, que supuestamente fueron presionados en su actuar. El diario Reforma publicó que “jueces y Magistrados llegaban al piso 14 del edificio del CJF” en donde Carlos Antonio Alpízar, ex Secretario General de la Presidencia del CJF, “ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los integrantes del Poder Judicial, para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión, una sentencia”. De esta forma, Alpízar, se habría constituido en el principal operador de Zaldívar, “para mantener la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
Llama la atención que el escándalo ocurra semanas después de que el propio AMLO declarara en una de sus conferencias matutinas que, él “solía hablar con el exministro presidente para que interviniera en ciertos procesos judiciales”. El mandatario declaró que en diversas ocasiones, “se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general… hablar con el juez” para pedirle que tuviera cuidado con esto o con aquello.
El asunto es sumamente serio, pues desnuda de manera conduntente, la forma en que el Poder Ejecutivo podría haber comprometido la autonomía del Poder Judicial. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿Acaso ésta es la única ocasión en que el Presidente interfiere en las decisiones de otro poder? ¿Es éste un ejemplo más -aunque ahora bastante mediático y público- de la forma en que nuestra supuesta división de poderes realmente funciona en el país?
Por lo pronto, aunque Zaldivar ha insistido en que no existe marco jurídico para sancionarlo, diversos juristas han corroborado que el acusado tendría razón, si exclusivamente se tomara en cuenta la Ley Orgánica que no prevé castigos de manera expresa. No obstante, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se especifican de manera puntual las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos (artículo 4). Dado que la vigencia de dichas sanciones es de siete años (artículo 74), las conductas ilegales no habrían prescrito aún.
Habrá que estar pendientes de la forma en que avanza este asunto. No se trata de un tema más, que pueda quedar en el simple ruido electoral. Se trata realmente de la forma en que funciona el aparato de impartición de justicia, en un país en el que el delito y la impunidad crecen exponencialmente. ¿Cuántos de los asuntos relevantes que llevó la Corte en este sexenio, se manejaron así, con los intereses del poder por encima de los del pueblo?
La #SociedadHorizontal deberá tener presente que el Caso Zaldívar le pega directo al oficialismo, al llamado “Plan C” y a la percepción general del Poder Judicial.
Hoy que Morena pretende una discusión constitucional en esta materia: 1) La posición mediática del exministro, no solo lo coloca como un ambicioso político, sin el velo de “legitimidad” en el entendimiento jurídico que antes tuvo, sino como un probable acreedor de sanciones públicas. 2) El morenista, ha quedado invalidado para defender la propuesta oficial y eventualmente como un pasivo para Sheinbaum. 3) En un ambiente de polarización como el que hoy se vive, un debate “real y objetivo” para la sana “evolución” del Poder Judicial en el Congreso, resultará prácticamente imposible. Por la incertidumbre jurídica que el caso genera, es obligación del Estado investigar y llegar las últimas consecuencias.
riospiter2018@gmail.com
