La trama está a cargo de una red de autoridades y políticos, la mayoría panistas, que desde hace 15 años se benefician de un modus operandi de permisos de construcción irregulares.
La batalla encarnizada por la CDMX está atravesada por la negra historia del “cártel inmobiliario” como icono de las graves consecuencias de la corrupción para el desarrollo urbano, el bienestar y derechos de la gente. Un boom de la construcción en la alcaldía Benito Juárez al margen de la ley, que reta los controles democráticos y sirve a un grupo político del PAN para abrirse camino hacia el poder en la capital.
El caso domina la campaña de contraste entre Morena y la oposición panista porque es ejemplo acabado de males que incide en muchos otros problemas, como el rezago de 400,000 viviendas en la urbe, la crisis hídrica o la contaminación. Pero es complejo determinar su peso en las preferencias electorales al tratarse de mecanismos complejos de corrupción en los laberintos de la justicia, donde la ciudadanía se pierde o falta claridad sobre la trascendencia de este modo de obrar encubierto y en la sombra.
La trama está a cargo de una red de autoridades y políticos, la mayoría panistas, que desde hace 15 años se benefician de un modus operandi de permisos de construcción irregulares a cambio de sobornos en esa alcaldía que gobiernan desde el 2000. La investigación abarca más de 130 edificios elevados más allá de las normas, con permisos que las violentan; y por lo que han sido procesados unos 15 funcionarios, incluyendo el exalcalde Christian von Roehrich y el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano.
Su relevancia política estriba en que el candidato panista a la CDMX, Santiago Taboada, también gobernó ahí en ese lapso y pertenece al mismo grupo señalado por la Fiscalía. Las redes de corrupción son un serio desafío para la integridad de una ciudad y financiamiento del poder en las campañas, pero difíciles de desarmar, como demuestra el hecho de que se haya impuesto, a pesar de denuncias que, en otros lugares, cerrarían el paso a su candidatura. Dinero, corrupción y campañas son ecuaciones que no logra despejar la democracia porque son más fáciles de esconder que de exhibir y, a su vez, más sencillo exhibir que probar.
El mensaje que mandan las denuncias sobre los requisitos de honestidad y probidad para competir, o de los criterios del PAN para elegir candidatos, no es bueno. Menos por las consecuencias políticas que preferirían ocultarse en las tinieblas de las mismas tramas de corrupción. Por ejemplo, el error panista de solicitar al IECM prohibir la frase “cártel inmobiliario” para borrar de la imagen de Taboada, lo retrata de cuerpo entero. La queja para censurar no se puede justificar en una campaña negra si hay procesos judiciales y delitos que perseguir y, en todo caso, contra las calumnias están los tribunales, pero pretenderlo dice mucho del talante intolerante y opaco del candidato a costa de la libertad de expresión.
Los ataques de corrupción quedaron en el más reciente debate chilango en un fuego cruzado de acusaciones de mentir entre Taboada y la puntera, la morenista Clara Brugada. La diferencia es que el riesgo de la embestida, contra lo común, salió de la que va arriba en la encuesta y, sobre todo, de que las del cártel están judicializadas.
Las coimas explican muchas de las catástrofes en la CDMX y de su impacto en los servicios públicos, el desorden urbano y su correlato en la crisis de agua o en la descomposición del tejido social detrás de la inseguridad. Se cobijan en la falta de transparencia y hasta en recortar derechos, como el de no hablar del tema; o en discursos para alentar el miedo, como el del colapso hídrico o de la infraestructura del Metro para alejar la atención de los corruptores que entienden los cargos públicos como un todos ponen y ellos ganan.
¿Cuánto incidirá la corrupción en los votantes? Difícil de saber, pero es una preocupación y debía ser un incentivo para la participación en las urnas si logra traducirse el grave impacto que implica para el desarrollo urbano, los servicios y la inseguridad. Ninguna alcaldía está exenta de que se repita el caso de Benito Juárez, tampoco de ceder al discurso del temor y los avisos de catástrofes. La elección en la CDMX concentra la atención y recursos de la oposición como enclave estratégico para contrapesar a Morena de perder la carrera presidencial, pero no puede aspirar a ello coartando el debate informado de temas de interés público.
