Se trata del mayor atentado a la división de poderes y la democracia, de lo que se haya visto hasta ahora en México.
✍?ACÁ ENTRE NOS | Alejandro Moguel
Se trata del mayor atentado a la división de poderes y la democracia, de lo que se haya visto hasta ahora en México: la reforma al Poder Judicial, tal y como la está promoviendo el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Es tan grave esa propuesta que, con solo el anuncio hecho por un morenista de esas intenciones hace varias semanas, hasta los grandes capitales se asustaron, se vino abajo la Bolsa Mexicana de Valores, subió el precio del dólar y más de 55 mil trabajadores están angustiados porque su futuro es totalmente incierto.
Pero eso no le ha importado al presidente. Sus intenciones están muy claras: quiere cobrar venganza con los magistrados y jueces que han estado defendiendo, con amparos, los derechos humanos de mexicanos que han sido afectados con las obras insignia del tabasqueño. Quiere vengarse también contra ministros que han declarado acciones de inconstitucionalidad, en modificaciones a leyes secundarias, promovidas igualmente por el titular del Ejecutivo Federal. Quiere echarlos a la calle y con eso ver satisfechos sus deseos de venganza.
Quiere, por otra parte, con la elección mediante voto popular de jueces, ministros y magistrados, colocar a simpatizantes morenistas en esos cargos, para que agachen la cabeza cada que el Ejecutivo federal quiera realizar una acción de gobierno, cosa que hoy no puede hacer.
Que hace falta una reforma al Poder Judicial, claro que sí, pero no de esa forma.
Los ministros, jueces y magistrados deben ser nombrados como lo hacen ahora, pero hay que endurecer los candados existentes, que garanticen sus amplios conocimientos y experiencia en la materia, así como su independencia en la toma de decisiones.
Elegirlos vía voto directo de ciudadanos no acabará con la corrupción. Ésta aumentará. Para evitarla, deberían establecerse castigos más severos contra quienes acepten cochupos para manipular las leyes para favorecer a terceros. Según haya sido la falta cometida, los legisladores deberían establecer duros castigos, como la destitución de sus cargos o la inhabilitación de por vida para desempeñarse en el Poder Judicial.
Estas son ocurrencias que han venido a mi mente a bote pronto, pero sin duda alguna habrá muchas otras cosas que ya estén funcionando en otros países que, con sus correspondientes adecuaciones, podrían retomarse en México.
El voto popular en ese rubro tendrá una consecuencia más grave aún: abrirá las puertas para que grupos del crimen organizado coloquen a incondicionales suyos como jueces o magistrados, quienes al rato van a estar acomodando las leyes para liberar a criminales que hayan sido detenidos por las autoridades, como presuntos responsables de algún delito de alto impacto vinculado al narcotráfico.
Especialistas en esos temas han dicho que “si se implementa la reforma como está, eligiendo jueces por voto popular, sí va a causar un caos en la justicia, porque hay una curva de aprendizaje que no es fácil, el aprendizaje es complejo, el Poder Judicial es complejo y las personas que entran al Poder Judicial no van a aprender de un día para otro”.
También que la carrera judicial se da a través de la meritocracia y la iniciativa. AMLO pretende destruir la independencia judicial y eso no debe suceder porque es la garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidirá los litigios con apego a derecho y nada más que a derecho.
Por lo pronto, en próximas horas podría haber un paro nacional de 55 mil trabajadores que perciben que las multi mencionadas reformas al Poder Judicial van a vulnerar sus derechos laborales.
alexmoguels@hotmail.com
