Guillermo Hübner Díaz
Pocas personas podrán decir que no se enteraron alguna vez de acciones violentas del poder en contra de los periodistas por cumplir su compromiso de informar con oportunidad y veracidad.
Pocas, la verdad, porque hubo época en la que los “castigos” a reporteros fueron frecuentes, no se diga el trato despótico del poder, por no ceñirse al dictado del “Comunicador social” parecido en esos casos a un verdugo.
El periodismo, aquí, ha sido una actividad sobre la cual los políticos sólo vuelven sus ojos para servirse de sus bondades. Su profundidad y trascendencia les sirven más para cubrir espacios de la retórica oficial, que para impulsar la construcción de sociedades libres.
Bajo cualquier pretexto se despreció al reportero, como si su actividad fuera de índole criminal y tuviera que castigarse, pensándose que con su crítica o condena responsable de acciones indebidas, desestabilizaría al gobierno o provocaría una revuelta social.
Varias, las situaciones que han permeado las violaciones a los derechos del reportero, agravado esto porque el tunde máquinas no presenta la demanda debida y, si lo hace, el ofensor no es tocado ni con el pétalo de una rosa martiana. Infernal círculo vicioso en el que la impunidad resultó siempre victoriosa.
Como reportero y dirigente gremial, más me ocupé de defender a los compañeros que de encontrar una definición de la prensa, que de eso nos ocupamos en los Congresos regionales.
En cada caso, se pidió investigar la agresión y castigar a los responsables, materiales e intelectuales. De las denuncias hechas en Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, nunca hubo respuesta favorable. Con razón ante determinados sucesos, se ejercía el periodismo con recelo al no haber garantías para realizar la labor. Se puso en duda y se denunció públicamente, la falta de voluntad de las autoridades para respetar la libertad de prensa y la integridad de los reporteros.
Se pidió el cese del abuso, el atropello, la impunidad. Se exigió que volara del Código Penal la figura del “delito de prensa” ligado a la calumnia y a la difamación, resortes favoritos de la arbitrariedad oficial para poner en movimiento la maquinaria agresora en contra del periodista.
Ningún “delito de prensa” debía castigarse con cárcel, se dijo una y otra vez en diversos foros y distintas tribunas. Aquí nadie hizo caso. Las penas, de darse, se propuso, debían de constituir multas… Acaso.
“Los periodistas no somos enemigos del gobierno”, fue una frase establecida como lema en el Sursureste del país. La escucho en Cancún en marzo de 1991 el gobernador Miguel Borge Martín, cuando resulté electo presidente del Bloque Sursureste de la Unión de Periodistas Democráticos, UPD. Varios espacios radiofónicos habían sido cancelados y había un compañero en prisión.
(En 1989, José Segoviano por entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas, Raymundo Martín a petición de las autoridades y Lorenzo Pacheco, por su conducta crítica, sufrieron represalias de sus empresas y de la autoridad. Iniciaron la primera huelga de hambre en Quintana Roo, la que duró 14 días).
Pasó el tiempo y el tema en Tabasco continuó abultando el cúmulo de rezagos. Más, dijo el refrán: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante” y, en tal virtud, el viernes 19 de septiembre de 2014, en el Salón Gorostiza del Palacio de Gobierno, se firmó una iniciativa de Decreto para derogar el Título Noveno del Código Penal, referente a los delitos contra la buena fama, para que estos fueran sancionados en adelante por la vía civil, lo cual permitía al Estado tutelar adecuadamente la protección al ejercicio de la actividad periodística y fortalecer el derecho a la libertad de expresión. Núñez dijo que en todo sistema que se preciara de ser democrático, la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, como conductas penalmente sancionables, representaba algo
desproporcionado porque inhibía el pleno derecho a la libertad de expresión y lejos de promover una práctica sana del periodismo, representaba un mecanismo que amedrenta su libre práctica. Pero… Pero lo que se creyó avance, se tornó infamia. Núñez canceló (2018) todo trato con la prensa. Se cancelaron los convenios cuando se pensó que con la adecuación legal, quedarían atrás tiempos de autoritarismo e ingratitud.
¿Por qué se actuó así? ¿Por qué tanto odio? Bueno, hoy se nos estigmatiza y sataniza. ¿Somos, pues, enemigos del gobierno? Ayúdenos con su respuesta.
